Chihuahua, Chih.- En un momento de tensión el juez Elmer Lerma Fontes irrumpió en la audiencia de vinculación a proceso de Fernando R.G., hermano del diputado Guillermo «Memo» Ramírez –actual presidente del Congreso local–, para denunciar abiertamente presiones extrajudiciales destinadas a influir en su resolución. Con el peso de 20 años en el Poder Judicial a cuestas, Lerma no solo rechazó las maniobras, sino que las eternizó frente a las cámaras: «Prefiero perder mi trabajo a hacer ese tipo de cosas».
El incidente, capturado en la videograbación oficial de la sala de audiencias del Centro de Justicia Penal de Chihuahua, se convirtió en un eco viral entre operadores jurídicos y defensores de derechos humanos, quienes ven en él un síntoma de la vulnerabilidad del aparato judicial ante influencias políticas. Visiblemente alterado, el juzgador se dirigió primero a la defensa del imputado: «No necesitan de eso para hacer su trabajo. Sean diligentes, hagan bien su labor sin recurrir a medios extrajurídicos». Luego, giró hacia el propio Fernando R.G., sugiriéndole que consultara con sus abogados sobre el significado de sus palabras, un gesto que subraya la gravedad de las acusaciones.
«No es la primera vez que pasa algo así en el sistema, pero sí la primera que me lo dicen a mí directamente», confesó Lerma, con un suspiro que delataba frustración acumulada. Con énfasis en su rol como «servidor de la justicia», advirtió que esta sería «la última ocasión» en que toleraría tales intervenciones, reafirmando su compromiso ante micrófonos y testigos. «Lo digo aquí, frente a las cámaras, para que quede asentado», agregó, cerrando la carpeta del expediente con un gesto de hastío antes de dictar la vinculación a proceso por homicidio calificado en grado de tentativa y lesiones calificadas.
Un tiroteo que sacude la política local
Los hechos que llevaron a Fernando R.G. ante el banquillo ocurrieron el 29 de septiembre en Hidalgo del Parral. Al exterior de una funeraria, el hermano del legislador protagonizó un altercado que derivó en disparos contra dos abogados residentes en la capital estatal: Eloy Soto Payán, quien resultó gravemente herido, y Héctor Villasana, con heridas leves. La agresión, calificada como homicidio en tentativa, se enmarca en un contexto de disputas personales no detalladas públicamente, pero que rápidamente trascendieron al ámbito político por la cercanía familiar con Ramírez, figura clave en la legislatura local del PRI.
La Fiscalía de Distrito Zona Sur, dependiente de la Fiscalía General del Estado, presentó las pruebas en una audiencia que se extendió por más de diez horas el 7 de octubre. Tras analizar testimonios, peritajes balísticos y evidencias médicas, Lerma ratificó la prisión preventiva justificada para el imputado –quien permanece en el penal de Parral– y fijó un mes para el cierre de la investigación complementaria. Fuentes cercanas al caso, consultadas bajo anonimato, indican que las heridas de Soto Payán incluyen impactos de bala en extremidades, lo que agravó la calificación del delito.
¿Una llamada desde el alto mando judicial?
La denuncia de Lerma añade una capa de intriga al expediente. Según reportes de fuentes judiciales citados en medios locales, las presiones emanarían del magistrado Gerardo Acosta, integrante del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, quien supuestamente habría intentado mediar para una resolución más «benévola» –posiblemente una salida bajo fianza o semilibertad–. Acosta, conocido por su trayectoria en causas de alto perfil, no ha emitido comentario alguno hasta el cierre de esta nota, y el Consejo de la Judicatura Estatal anunció una «investigación interna» para el 9 de octubre, sin adelantar detalles.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenece Ramírez, se deslindó de inmediato de los hechos. En un pronunciamiento, el dirigente estatal Alejandro Domínguez insistió: «Nadie es responsable por las conductas de sus familiares. Exigimos que se respete la presunción de inocencia y se eviten señalamientos injustificados que vulneren derechos». Ramírez, contactado vía su oficina en el Congreso, se limitó a un «no comentario» sobre el caso familiar, enfocándose en su agenda legislativa de reformas anticorrupción.
Con la vinculación a proceso consumada, el caso de Fernando R.G. podría escalar a juicio oral en los próximos meses, dependiendo de la investigación complementaria. Sin embargo, la denuncia de Lerma trasciende el expediente individual: pone en jaque la credibilidad del Tribunal Superior de Justicia, encabezado por el magistrado presidente Jorge Acosta Villa –primo lejano del implicado en las presiones, según rumores no confirmados–.
