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Juez detenido en Bogotá tuvo su primera adscripción en Ciudad Juárez

Meridiano 107 Texto: Meridiano 107
6 noviembre, 2026
en > Frontera
Tiempo de Lectura: 4 minutos
Portada Frontera
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Ciudad Juárez, Chih.- Luis Benítez Alcántara ejerció como juez federal en Ciudad Juárez desde octubre de 2018 hasta 2021. Su trayectoria incluye señalamientos de abogados y personal judicial, cuatro investigaciones disciplinarias y una resolución absolutoria en el caso Pegasus contra la periodista Carmen Aristegui. Ahora enfrenta nueve cargos en Estados Unidos por presuntamente recibir dos millones de dólares para liberar a un operador de la organización criminal de Ryan Wedding.

La detención del juez federal en Bogotá, Colombia, el pasado 1 de noviembre, coloca bajo escrutinio su trayectoria dentro del Poder Judicial de la Federación y, particularmente, su paso por Chihuahua, donde comenzó a ejercer como titular de un órgano jurisdiccional en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez.

Benítez Alcántara, de 49 años, es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México (UNITEC). Antes de convertirse en juez ocupó cargos de oficial judicial, actuario y secretario de juzgado y tribunal. Cuenta con especialización en Derecho de Amparo y una maestría en Juicio de Amparo en el Sistema Acusatorio Adversarial.

En octubre de 2018 comenzó a desempeñarse como juez de Distrito en el Centro de Justicia Penal Federal en Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez. Su adscripción se prolongó hasta 2021, periodo durante el cual también tuvo responsabilidades como juez administrador del centro, una función que comprendía tareas adicionales a la conducción de audiencias y resolución de asuntos.

Su estancia coincidió con una etapa de intensa actividad judicial en la frontera, donde se tramitan investigaciones federales relacionadas con narcotráfico, delincuencia organizada, tráfico de armas y otros delitos de alto impacto.

Su nombre también apareció entre los jueces federales de Chihuahua cuyos ingresos superaban el sueldo del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Los registros de 2018 consignaban percepciones mensuales superiores a 132 mil pesos, además de prestaciones y compensaciones.

Durante su paso por Juárez, abogados penalistas señalaron desencuentros con el juzgador y cuestionaron su comportamiento en audiencias. El Diario de Juárez recogió testimonios de litigantes que describieron su desempeño como juez de Control y administrador del Centro de Justicia Penal.

Por separado, Norte Digital publicó que personal del Poder Judicial lo relacionó con una denuncia de presunto acoso sexual presentada por una trabajadora durante su adscripción en la frontera. Según las fuentes consultadas por ese medio, posteriormente habría sido trasladado a la Ciudad de México. No se ha difundido una resolución que acredite la denuncia ni que establezca que su cambio de adscripción obedeció a ese señalamiento.

En 2021 fue enviado al Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, donde intervino en expedientes de repercusión nacional.

Pegasus y las investigaciones disciplinarias

Uno de los asuntos más controvertidos que resolvió fue el proceso por el espionaje mediante el programa Pegasus contra la periodista Carmen Aristegui.

El 12 de enero de 2024 absolvió a Juan Carlos García Rivera, único acusado en ese procedimiento por la intervención ilegal de comunicaciones privadas. La FGR sostenía que había participado en el espionaje contra Aristegui, ocurrido entre 2015 y 2016, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Benítez Alcántara reconoció que el teléfono de la periodista había sido intervenido, pero determinó que la Fiscalía no había acreditado suficientemente la responsabilidad penal del acusado. Ordenó su liberación después de aproximadamente dos años y dos meses de prisión preventiva.

La absolución generó controversia porque se trataba del único proceso penal que había llegado a sentencia contra un presunto responsable del espionaje con Pegasus. En noviembre de 2025, un tribunal federal confirmó la decisión, al considerar que la Fiscalía no había satisfecho la carga probatoria.

Otro antecedente relevante es la existencia de cuatro investigaciones administrativas abiertas en su contra, confirmadas por el Tribunal de Disciplina Judicial. Los expedientes corresponden a presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones y son independientes de la acusación que motivó su detención. No se han difundido sus contenidos completos ni resoluciones que acrediten responsabilidades.

Dos millones de dólares por una liberación

La acusación estadounidense está relacionada con Andrew Clark, ciudadano canadiense detenido en Guadalajara en octubre de 2024 e identificado como uno de los principales operadores de la organización criminal encabezada por Ryan Wedding, antiguo deportista olímpico señalado por narcotráfico internacional.

Estados Unidos solicitó la extradición de Clark en noviembre de 2024. El 24 de febrero de 2025, Benítez Alcántara concedió su libertad bajo fianza y ordenó su excarcelación. El canadiense fue detenido nuevamente pocos días después y trasladado a territorio estadounidense.

El Departamento de Justicia sostiene que el juez recibió dos millones de dólares mediante intermediarios para favorecer esa liberación y que el pago se completó el mismo día en que dictó la resolución.

Benítez Alcántara fue detenido en Bogotá el 1 de noviembre y enfrenta nueve cargos federales en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses anunciaron que solicitarán su extradición.

Su trayectoria deja varias líneas de investigación pendientes en Chihuahua: revisar las resoluciones que emitió durante su estancia en Ciudad Juárez, esclarecer los señalamientos de litigantes y personal judicial e identificar el origen y estado de las cuatro investigaciones disciplinarias.

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