Juarenses pagan promoción de Cruz
El impuesto predial en Ciudad Juárez permaneció sin incrementos sustanciales durante quince años, una política fiscal que garantizó estabilidad económica a las familias fronterizas pero que llegó a su fin bajo la actual administración municipal. El alcalde Cruz Pérez Cuéllar modificó esta dinámica al implementar dos alzas impositivas consecutivas en las tablas de valores catastrales, la primera aplicada en el ejercicio fiscal 2023 con un promedio del 11 por ciento, y la segunda aprobada recientemente para el periodo 2026 con incrementos de hasta el 10 por ciento en sectores específicos.
La justificación oficial de la autoridad municipal se centró en la necesidad técnica de actualizar el valor del suelo y compensar los efectos inflacionarios. Sin embargo, el análisis del destino de los recursos públicos y los dictámenes de la Comisión de Hacienda revelan que el endurecimiento de la recaudación interna coincide con un despliegue de gasto exterior que la oposición califica como una campaña política anticipada rumbo a la gubernatura del estado.
A través de la desincorporación de bienes del patrimonio de los juarenses, el Ejecutivo local ha distribuido equipamiento operativo a por lo menos 13 municipios del estado de Chihuahua durante los últimos dos años. Entre las localidades beneficiadas destaca Gómez Farías, que recibió una ambulancia equipada y 844 piezas de mobiliario escolar, mientras que los municipios de Namiquipa, Ignacio Zaragoza, Uruachi y Moris obtuvieron camiones recolectores de basura.
La estrategia de entrega de activos municipales alcanzó también a Carichí, demarcación que recibió un camión recolector, un contenedor de residuos y una patrulla policial. Asimismo, las poblaciones de Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes registraron la recepción de ambulancias, unidades de limpia y apoyos materiales diversos, sumándose Buenaventura, Matachí, Madera y Villa Ahumada a la lista de destinos cubiertos por las comitivas juarenses. Esta política de transferencia de bienes evidencia cómo el diseño presupuestal de la frontera se ha volcado hacia el exterior, utilizando las aportaciones de los contribuyentes locales para subsidiar servicios en otras regiones del estado…bueno, es tan generoso que al municipio de Chihuahua le equipo un parque con juegos infantiles.
Denuncias por desvío
Las transferencias de equipamiento público derivaron en la presentación de denuncias formales ante la Auditoría Superior del Estado el 5 de noviembre de 2025 y ante el Congreso local. Bloques de oposición, encabezados por la dirigencia del Partido Acción Nacional y legisladores del Partido Revolucionario Institucional, interpusieron recursos jurídicos al considerar que la entrega de activos municipales a otras localidades constituye un desvío de recursos y una falta administrativa grave por parte del Ejecutivo.
Los expedientes integrados ante la Auditoría Superior del Estado y ante el Poder Legislativo argumentan que el patrimonio de los juarenses, compuesto por vehículos de emergencia y maquinaria pesada, está legalmente etiquetado para satisfacer las necesidades operativas de la frontera. Por ello, la disposición discrecional de estos bienes para beneficiar a demarcaciones gobernadas por aliados políticos vulnera los principios de disciplina financiera y el correcto ejercicio del presupuesto público local.
Las investigaciones en curso buscan determinar si existió un daño patrimonial al erario juarense, toda vez que las unidades donadas requirieron mantenimiento y reparaciones costeadas con fondos municipales antes de ser enviadas. Los denunciantes exigen que los órganos de fiscalización emitan sanciones administrativas que frenen el uso de la estructura gubernamental fronteriza como una plataforma de financiamiento de actividades proselitistas en el territorio estatal.
Es mucha lana de predial
El municipio de Ciudad Juárez registró ingresos sin precedentes por concepto del impuesto predial durante el primer trimestre de 2026, consolidando una bolsa presupuestal alimentada por los recientes incrementos fiscales. De acuerdo con los informes oficiales de la Tesorería Municipal, la recaudación total obtenida entre el primero de enero y el 31 de marzo ascendió a 1,752 millones 834 mil 705 pesos. Esta cifra superó de forma significativa los 1,543 millones de pesos captados durante el mismo periodo del año anterior, reflejando el impacto directo de las modificaciones catastrales aprobadas por el cabildo.
Los datos desglosados por la Coordinación de Comunicación Social del municipio especificaron que la mayor concentración de recursos ocurrió en enero, mes en el que los contribuyentes liquidaron 236 mil 202 recibos e inyectaron 1,393 millones 819 mil 292 pesos a las arcas locales. El flujo continuo de capital se mantuvo durante febrero y cerró en marzo con la captación de 115.2 millones de pesos adicionales, alcanzando un total de 298 mil 302 cuentas catastrales regularizadas en lo que va del año fiscal.
Para contextualizar el crecimiento del erario bajo la actual administración, la recaudación anual total por este concepto ha mostrado una tendencia ascendente sostenida. Durante el ejercicio de 2024, el ingreso acumulado por predial se ubicó en 1,828 millones 255 mil 230 pesos, mientras que al cierre de 2025 la cifra neta anual escaló hasta los 2,104 millones 329 mil 568 pesos tras procesarse el pago de 374 mil 644 cuentas. Estas bolsas de ingresos propios representan el pilar del presupuesto general de egresos del municipio, el cual está tasado de forma global en 10,797 millones 701 mil 183… ¡casi el paraíso!
Afecta a los más pobres
A pesar de las promesas oficiales de que los ajustes a los valores catastrales impactarían principalmente a los sectores industriales, las modificaciones al impuesto predial terminaron por afectar la economía de las familias residentes en las zonas habitacionales de menores ingresos. El incremento generalizado en los costos de suelo y construcción elevó las tarifas de las cuentas correspondientes a colonias populares de la periferia.
Para los habitantes de estos sectores, el aumento tributario significó una presión financiera directa sobre sus ingresos básicos, en un contexto donde el encarecimiento de la vivienda y los servicios públicos ya mermaba el poder adquisitivo. Organizaciones vecinales denunciaron que la actualización técnica no tomó en cuenta las condiciones de rezago y vulnerabilidad económica en las que se encuentran miles de contribuyentes del sur y poniente de la ciudad.
El descontento social se incrementó al constatar que las colonias más afectadas por las nuevas cargas fiscales no recibieron inversiones proporcionales en pavimentación, alumbrado o seguridad. La comunidad resiente que sus aportaciones económicas, recolectadas bajo un esquema de estricta exigencia fiscal, terminen financiando obsequios de proyección política externa o subsidios a sectores privados en lugar de resolver las carencias de los propios barrios fronterizos.
