Chihuahua, Chih.- La diputada Jael Argüelles Díaz consiguió la aprobación de la denominada Ley Monse, una reforma al Código Penal del Estado de Chihuahua que permitirá sancionar penalmente a quienes encubran a responsables de feminicidio u homicidio.
La iniciativa, convertida ya en decreto, adiciona un segundo párrafo al artículo 317 del Código Penal estatal. Con ello, se elimina la aplicación de excusas absolutorias en estos delitos. De esta forma, cualquier persona —incluidos familiares cercanos— que oculte, ayude a escapar o altere pruebas para favorecer al agresor enfrentará consecuencias penales.
Durante su intervención ante el pleno, Argüelles Díaz explicó que uno de los principales obstáculos en las investigaciones de feminicidios y homicidios es la impunidad generada cuando personas cercanas al victimario facilitan su evasión de la justicia.
“Esta reforma busca garantizar que nadie pueda proteger a un responsable sin enfrentar las consecuencias legales”, enfatizó la legisladora.
La diputada señaló que la violencia feminicida constituye una de las expresiones más graves de violencia contra las mujeres, al combinar la privación de la vida con elementos de discriminación, abuso de poder e impunidad. En Chihuahua, dijo, resulta urgente fortalecer el marco legal ante los altos índices de violencia y la activación de la Alerta de Violencia de Género.
La modificación respeta los derechos fundamentales de los familiares, pues no los obliga a denunciar, pero sí castiga acciones activas de encubrimiento como ocultar, destruir o alterar evidencias, manteniendo la proporcionalidad en la sanción.
Con esta reforma, el artículo 317 del Código Penal queda claro: las excusas absolutorias no aplicarán cuando se trate de encubrimiento en feminicidio u homicidio. De esta manera se fortalece la procuración de justicia y la protección a las víctimas y sus familias.
Argüelles Díaz concluyó que la Ley Monse se alinea con los compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, que exigen al Estado actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres.
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