Maru se atraviesa, como Corral se le atravesó
La gobernadora de Chihuahua vivió en carne propia, en 2021, la deslealtad, la oposición y la persecución política más descarnada dentro de su propio partido. Javier Corral, entonces gobernador panista, hizo todo lo posible por impedir que fuera candidata a la gubernatura. La vinculó a proceso por el caso de la “nómina secreta”, buscó descarrilar su aspiración y, según múltiples versiones, operó para que Morena tuviera mayores posibilidades de ganar la elección. Maru resistió, enfrentó la adversidad y triunfó. Esa experiencia debería haberle dejado una lección profunda: en política, la lealtad se construye con hechos y no se traiciona a quienes compartieron la trinchera en los momentos difíciles.
Sin embargo, pareciera que nada aprendió de 2021. Sus esfuerzos actuales por imponer candidaturas desde el Palacio de Gobierno van en sentido contrario a su propia historia de vida. Meses atrás manifestó un abierto repudio a la carrera de Marco Bonilla hacia la candidatura del PAN a la gubernatura. Hoy parece haber superado esa resistencia, pero su nuevo empeño se concentra en proyectar a Santiago de la Peña para la alcaldía de Chihuahua.
Santiago de la Peña, con un perfil técnico y empresarial, representa una cuarta generación de priismo. No milita en el PAN y su abiertamilitancia en el PRI es tan cercana que está en la memoria de las más jóvenes generaciones políticas panistas. Apoyarlo de manera tan decidida, mientras se le colocan valladares a César Jáuregui, resulta cuando menos contradictorio. Jáuregui es un panista de cuatro décadas, coordinador del grupo parlamentario del PAN junto a Maru en la legislatura local 2013-2016, Secretario del Ayuntamiento durante su alcaldía y Secretario General de Gobierno en los primeros años de su mandato como gobernadora. Fue, durante más de una década, uno de sus hombres más cercanos y leales.
La actitud actual de la gobernadora hacia Jáuregui puede calificarse, de manera suave, como deslealtad. Después del escándalo que lo obligó a renunciar como Fiscal General, en lugar de blindarlo o mantenerlo en la primera línea, se percibe un claro distanciamiento y la intención de abrirle paso a un perfil ajeno a la militancia panista histórica.
Esto no solo contradice la experiencia que Maru vivió en carne propia en 2021, cuando ella misma fue la víctima de la operación interna, sino que ignora una verdad elemental de la política: es más fácil hacerse amigo del candidato que hacer candidato a un amigo. Los panistas de base ya demostraron con Marco Bonilla que son capaces de derribar valladares impuestos desde arriba. Lo mismo ocurrirá con César Jáuregui si la militancia decide respaldarlo.
La gobernadora debería recordar que ella ganó precisamente porque resistió la imposición y la traición interna. Pretender ahora repetir las mismas prácticas que sufrió —favorecer a quien no ha sudado la camiseta azul en las batallas duras— resulta paradójico. En política, como en la vida, las lecciones más caras son las que se pagan en carne propia. Ignorarlas no solo es un error estratégico, sino una forma de ingratitud con quienes fueron leales cuando todo parecía perdido.
Maru Campos tiene la oportunidad de aplicar su propia enseñanza: quien traiciona a sus cercanos más probados, tarde o temprano termina rodeado de lealtades de conveniencia. La historia reciente de Chihuahua ya le dio esa lección. Aprenderla ahora, en su propia cabeza y en su propio partido, evitaría repetir los errores que tanto criticó en otros.
El dilema ético de Morena
El próximo registro de precandidatos a la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación en Chihuahua, previsto para el martes 23 de junio, pone a prueba la capacidad de conciliación de Citlalli Hernández y Ariadna Montiel. Ambos aspirantes principales —la senadora con licencia Andrea Chávez y el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar— gozan de alto reconocimiento de nombre en el estado. Sin embargo, sus negativos acumulados dificultan seriamente que pasen filtros éticos serios, revelando un dilema estructural para la dirigencia nacional de Morena.
Andrea Chávez, figura joven y con presencia en redes, enfrenta cuestionamientos por sus ligas con el llamado “grupo Tabasco”. El empresario Fernando Padilla Farfán, cercano a Adán Augusto López, ha financiado sus caravanas de salud con unidades médicas, beneficiario de contratos millonarios (más de 2 mil mdp) en Tabasco y Chiapas durante las gestiones de Adán Augusto y su cuñado Rutilio Escandón. Estas relaciones, documentadas por investigaciones periodísticas, generan dudas sobre financiamiento opaco de precampaña.
A ello se suman señales de un nivel de vida incompatible con su salario público: circula en una Suburban High Country valuada en más de dos millones de pesos, no declarada en sus informes patrimoniales, y ha sido señalada por el uso de calzado y accesorios de lujo como Ferragamo. Estos elementos proyectan una imagen de disponer de recursos que superan ampliamente sus ingresos declarados, erosionando la narrativa de austeridad republicana que Morena promueve.
Por su parte, Cruz Pérez Cuéllar arrastra escándalos de presunta corrupción más visibles y locales. Auditorías, denuncias por enriquecimiento ilícito, contratos irregulares y la incautación de propiedades han marcado su gestión. La Fiscalía Anticorrupción ha sido criticada por su lentitud, como señaló el líder panista Ulises Pacheco. Su último acto como alcalde en funciones, el 16 de junio, fue inaugurar como “parque público municipal” un espacio de la empresa maquiladora taiwanesa Pegatron, en una franca e impúdica farsa que retrata el uso de los recursos públicos. Su administración acumula decenas de señalamientos de manejo irregular de recursos, moches y opacidad.
¿Cómo pueden pasar estos perfiles los filtros éticos que Morena presume? La tarea luce especialmente complicada para Ariadna Montiel. Es público el buen entendimiento y presunto acuerdo con Pérez Cuéllar, lo que reduce margen de maniobra. No obstante es Citlalli Hernández, la encargada presidencial de filtrar perfiles y presentar la mejor lista posible a Claudia Sheinbaum, enfrenta un escenario donde ambos aspirantes fuertes arrastran lastres éticos de distinta índole: uno más vinculado a financiamiento externo, opaco y estilo de vida, otro a corrupción administrativa directa a la vista del público y de la gente.
El CEN de Morena y la Comisión de Elecciones enfrentan un problema mayor: priorizar unidad y encuestas internas sin ignorar el desgaste que estos negativos provocarán en la opinión pública chihuahuense. Elegir a cualquiera implica costos; ignorar los filtros éticos mina la credibilidad del proceso de “limpieza” que se busca proyectar rumbo a 2027. La conciliación no será solo política, sino de coherencia narrativa. Chihuahua expone las tensiones reales entre lealtades, encuestas y principios declarados. La dirigencia nacional, con Citlalli a la cabeza, tiene ante sí una tarea delicada que definirá si los filtros éticos son reales o solo declarativos.
No habrá “Ley anti-Cruz”
La iniciativa de reforma electoral del diputado Alfredo Chávez, coordinador del PAN en el Congreso de Chihuahua, avanza hacia su aprobación final. Tras negociaciones en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, presidida por Guillermo Ramírez (PRI), se aprobó un documento base con coincidencias multipartidistas. El periodo extraordinario del 22 de junio de 2026 podría convertirlo en ley antes de que termine el mes, cumpliendo el plazo de 90 días previos al inicio del proceso electoral 2026-2027.
El punto más polémico de la propuesta original —la llamada “Ley Anti-Cruz”— fue eliminado del dictamen. Esta medida pretendía imponer alternancia estricta de género para la gubernatura 2027, obligando a postular un hombre después de la victoria de María Eugenia Campos en 2021. Opositores, como Morena y el alcalde de Juárez Cruz Pérez Cuéllar, la denunciaron como una maniobra dirigida específicamente contra él. Su exclusión marca una victoria táctica para la oposición y un ajuste realista del PAN, que evitó un probable conflicto judicial y mayor polarización.
Este retiro evidencia un contrasentido político claro. Si las encuestas muestran que Cruz Pérez Cuéllar genera altos rechazos y polariza el voto, su perfil se convierte paradójicamente en el candidato más cómodo para el PAN. Un contendiente controvertido facilitaría la narrativa de “orden vs. caos” y fortalecería la unidad opositora. Intentar bloquearlo con reglas de paridad generaba más costos políticos que beneficios. Al ceder, el PAN prioriza temas con mayor consenso y viabilidad.
En los puntos donde sí existe acuerdo —y que muy probablemente saldrán como ley antes del 30 de junio— destacan la reforma constitucional para nulidad electoral por intervención del crimen organizado y la reducción significativa de regidurías (alrededor del 21% menos en los ayuntamientos). Estas medidas buscan blindar las elecciones y bajar costos operativos de los cabildos.
Sin embargo, la reducción de regidurías ha despertado fuerte inconformidad. La diputada federal del PT, Lilia Aguilar, la critica por concentrar poder en las mayorías y dejar a partidos pequeños sin representación efectiva en los municipios. Argumenta que convertiría los cabildos en espacios sin pluralidad real, afectando especialmente al PT.
Por su parte, el coordinador de Morena, Cuauhtémoc Estrada, ha marcado diferencias con el dictamen, calificando algunos cambios como retrocesos democráticos y lamentando la exclusión de propuestas de su bancada, como la elección directa de regidores. Esto genera tensiones visibles en la oposición.
El resultado es un paquete pragmático: blindaje contra narco (prioridad PAN), eficiencia municipal (compartida con PRI y aliados) y ajustes técnicos como candidaturas simultáneas. Se sacrificó la paridad forzada por sensatez política y jurídica. Refleja la dinámica de un Congreso fragmentado donde las reformas electorales siguen siendo herramientas de posicionamiento más que ejercicios de perfeccionamiento democrático.
Antes de fin de mes, Chihuahua podría contar con nueva legislación electoral. El verdadero examen llegará en 2027: si estos cambios fortalecen la integridad de las urnas o sólo ajustan las reglas al momento político actual.
