Chihuahua, Chih.- El Gobierno Municipal de Chihuahua informó que, tras tener conocimiento de comentarios realizados recientemente en redes sociales por un servidor público de la administración capitalina, el Órgano Interno de Control (OIC) abrió de manera inmediata una investigación administrativa para determinar la probable responsabilidad del implicado.
La titular del OIC, Carmen Hidalgo Posadas, enfatizó que en la administración encabezada por el alcalde Marco Bonilla no se tolera ninguna forma de violencia de género, independientemente del contexto en el que ocurra, incluido el ámbito digital. «Toda mujer, sin distinción alguna, independientemente de si es funcionaria pública o no, es digna de respeto en todos los entornos, incluido el digital. La dignidad de las mujeres no debe vulnerarse ni violentarse en ningún contexto, horario o plataforma», declaró.
Los hechos se originaron a partir de publicaciones en redes sociales del subdirector administrativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Luis Roberto Terrazas Fraga —conocido en algunos círculos como «Tomatito»—, quien emitió comentarios considerados ofensivos y misóginos en respuesta a una nota publicada por la senadora Andrea Chávez Treviño sobre su embarazo. Dichos comentarios fueron eliminados posteriormente por el funcionario, pero generaron críticas en redes y demandas de acción por parte de usuarios, organizaciones y partidos políticos.
El municipio recordó que fue el primero en el estado en diseñar e implementar un Protocolo para atender casos de violencia de género al interior del Gobierno Municipal, el cual establece mecanismos claros de prevención, atención y sanción ante este tipo de conductas. Además, el Código de Ética del Municipio de Chihuahua, emitido por el propio OIC, prohíbe expresamente cualquier forma de violencia de género o familiar, incluso cuando ocurra fuera del horario laboral, de los espacios gubernamentales o del ámbito estrictamente profesional, ya que el servicio público demanda congruencia permanente en el comportamiento de quienes lo ejercen.
Hidalgo Posadas reiteró que la investigación se llevará a cabo con estricto apego a la ley y servirá para reforzar el mensaje de responsabilidad que deben asumir todos los funcionarios públicos. «Ser funcionario público es un honor. Quienes ostentamos un cargo público, en cualquier nivel, debemos desempeñar nuestro encargo con ética y asumir con responsabilidad las consecuencias de nuestras acciones», concluyó.
El caso ha trascendido a nivel local y ha motivado pronunciamientos del alcalde Bonilla, quien calificó la conducta como «muy mala» y llamó a la prudencia y al respeto hacia todas las mujeres, así como reacciones de la senadora Chávez y del partido Morena, que anunció posibles denuncias adicionales. El OIC determinará las sanciones correspondientes una vez concluida la indagatoria.
Condena generalizada
Aunque los posts originales fueron eliminados por el propio funcionario poco después de su difusión —lo que impide acceder al texto literal exacto en este momento—, diversas fuentes periodísticas locales y posicionamientos políticos coinciden en calificarlos como ofensivos, misóginos y violentos de género. Los medios y organizaciones que han reportado el caso los describen de la siguiente manera:
- Se trató de comentarios dirigidos específicamente al anuncio del embarazo de la senadora y su relación sentimental (con un empresario juarense, según algunas referencias).
- Fueron señalados como un acto de misoginia por usuarios en redes, partidos políticos (principalmente Morena) y organizaciones, al considerar que ridiculizaban, descalificaban o atacaban la decisión personal de la senadora respecto a su maternidad y vida privada.
- El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Chihuahua los calificó explícitamente como «comentarios misóginos y violentos» contra la senadora «y contra su futuro bebé», exigiendo el cese inmediato del funcionario por considerar inaceptable que alguien responsable de la seguridad pública incurra en este tipo de expresiones.
- El alcalde Marco Bonilla los describió como «una muy mala acción» e «irrespetuosa hacia las mujeres», independientemente de posiciones políticas, y enfatizó que ningún servidor público debe expresarse de forma ofensiva.
