Santa Bárbara, Chihuahua.– La Auditoría Superior del Estado (ASE) logró la inhabilitación por diez años de una exfuncionaria municipal que utilizó recursos públicos para cubrir cuotas de su propio crédito hipotecario ante el Infonavit, generando un perjuicio patrimonial de 91 mil 326 pesos.
La servidora pública, identificada con las iniciales M.V.A.M., se desempeñaba como contadora adjunta en la Dirección de Finanzas y era responsable de realizar las aportaciones de los trabajadores al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Durante los ejercicios fiscales 2021 y 2022, los auditores detectaron irregularidades en las revisiones de la Cuenta Pública: la funcionaria aplicó pagos de cuotas más elevados de los que legalmente le correspondían por su crédito personal.
En lugar de descontar las cantidades adicionales de su propio salario, omitió hacerlo y permitió que el municipio absorbiera y trasladara esos recursos directamente al Infonavit. Esta maniobra configuró un desvío de fondos públicos en beneficio propio.
Tras acreditar las faltas graves de desvío de recursos y abuso de funciones, la Cuarta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) resolvió el caso. La sentencia impuso una inhabilitación temporal de diez años para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público, así como para participar en procesos de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
Además, se le ordenó pagar una sanción económica de 183 mil 565 pesos –equivalente a poco más del doble del monto desviado–, como medida de restitución por el daño causado al erario municipal.
El caso evidencia la importancia de los controles internos en las áreas financieras municipales y refuerza el rol de la ASE en la detección de anomalías que afectan el patrimonio público. La resolución busca sentar precedente contra el uso indebido de recursos en perjuicio de la ciudadanía.
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