Asunción, Paraguay.- La crisis institucional y financiera que atraviesa Paraguay escaló de manera drástica este fin de semana, luego de que la Fiscalía General del Estado imputara formalmente al expresidente Santiago Peña y solicitara formalmente la medida de prisión preventiva en su contra. La decisión judicial se produce tras el terremoto político desatado por el colapso y proceso de disolución de Ueno Bank, una entidad que operaba con millones de clientes y cuantiosos fondos públicos.
Los hechos se precipitaron el pasado viernes, cuando el Senado paraguayo destituyó a Peña del máximo cargo ejecutivo tras hallarlo culpable de mal desempeño de funciones en un juicio político exprés. La destitución y posterior caída del mandatario respondieron al masivo descontento social generado por el cierre abrupto de Ueno Bank, una institución financiera que dejó congelados los ahorros de cerca de tres millones de usuarios —incluyendo fondos estatales y los recursos de decenas de miles de jubilados del Instituto de Previsión Social—, generando un perjuicio económico estimado por legisladores en unos mil 200 millones de dólares.
Tras perder la inmunidad inherente a la presidencia, la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción libró una orden de detención que se ejecutó en la residencia particular del exmandatario, sitio al que se había trasladado ante las intensas protestas ciudadanas registradas en los alrededores. La investigación fiscal acusa a Peña de presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, sustentándose en los vínculos financieros e historial accionario que el exgobernante mantuvo con Ueno Holding hasta el año 2025.
Junto con Santiago Peña, las autoridades judiciales también imputaron y solicitaron medidas restrictivas contra Carlos Carvallo, quien se desempeñaba como titular del Banco Central del Paraguay (BCP) hasta el momento de estallar el escándalo, además de otros directivos y fundadores vinculados al conglomerado empresarial. La Fiscalía requirió asimismo la inhibición general de bienes para los principales implicados a fin de asegurar fondos durante el desarrollo de las pesquisas.
Mientras el Ministerio Público avanza con las indagatorias procesales y se define la situación judicial de Peña, la línea de sucesión presidencial quedó completada con la juramentación de Pedro Alliana, quien asumió la jefatura del Estado para concluir el mandato constitucional vigente hasta 2028. El nuevo Ejecutivo ha anunciado su intención de colaborar con organismos internacionales y naciones aliadas para rastrear los activos financieros del extinto banco, al tiempo que implementa medidas de compensación para los sectores sociales y ahorradores más afectados por el colapso financiero.



