Chihuahua, Chih.- La Fiscalía de Distrito Zona Centro logró establecer la identidad formal de un hombre y dos mujeres cuyos cuerpos fueron localizados sin vida en las inmediaciones del municipio de Santa Isabel. Tras desahogarse los protocolos de medicina forense e investigación de campo, la representación social procedió a la entrega de las víctimas a sus respectivos familiares, al tiempo que se integran las carpetas correspondientes para el esclarecimiento de este hecho delictivo de alto impacto.
De acuerdo con el desglose oficial emitido por la corporación del estado, las personas respondían en vida a los nombres de Isidro A. M., de 54 años de edad y originario del municipio de Carichí; Brenda Jaqueline M. V., de 28 años de edad, oriunda del municipio de Namiquipa; y Karla Yaneth L. T., de 21 años de edad, quien era originaria del municipio de Cuauhtémoc.
Las indagatorias ministeriales revelaron que las tres personas contaban con un reporte formal de desaparición interpuesto por sus allegados el pasado 30 de mayo de 2026 ante la Fiscalía de Distrito Zona Occidente. Los cuerpos sin vida fueron hallados a un costado de la cinta asfáltica, específicamente a la altura del kilómetro 2+50 de la carretera que conduce de la vía corta Chihuahua hacia Hidalgo del Parral.
El informe de los peritos forenses y los resultados de las necropsias de ley determinaron de manera concluyente que la causa del fallecimiento de las tres víctimas fue asfixia por estrangulación. Derivado de estos hallazgos, la Fiscalía de Distrito reconfiguró el caso para investigarlo formalmente bajo el protocolo de homicidio, desplegando agentes ministeriales en la región con el objetivo de recabar indicios que permitan identificar y capturar a los presuntos responsables materiales e intelectuales del crimen.
Por su parte, la representación social refrendó su compromiso institucional con la correcta aplicación de la justicia y el combate a la impunidad, asegurando que se emplearán todos los recursos tecnológicos y humanos disponibles para resarcir el daño a las familias afectadas y aplicar las sanciones penales correspondientes a quienes vulneren la paz pública en la entidad.
