WASHINGTON, D.C.— El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo a más de 10 mil personas en los últimos cinco días, como parte de una intensa campaña interna orientada a cumplir con las promesas de deportación masiva de la administración del presidente Donald Trump.
De acuerdo con documentos internos y testimonios de funcionarios federales obtenidos por un reporte de prensa, la Casa Blanca ordenó a la dirigencia de la agencia intensificar las operaciones en las calles, controles de tráfico y visitas de rutina. El nuevo lineamiento establece una meta de 2 mil arrestos diarios, lo que representa el doble del promedio de mil detenciones cotidianas registrado a principios de este año.
Para sostener este ritmo operativo, los mandos del ICE instruyeron que el 80 por ciento de la fuerza laboral se enfoque exclusivamente en tareas de captura y deportación, requiriendo que la mayor cantidad posible de agentes trabaje los siete días de la semana. Las cifras internas indican que la ofensiva alcanzó su punto más alto el sábado pasado con más de 2 mil 400 arrestos, lo que elevó la población total en centros de detención migratoria por encima de las 63 mil personas.
A diferencia de los despliegues de gran visibilidad mediática realizados el año pasado en urbes como Los Ángeles y Chicago, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, optó por una campaña de control más discreta. Este cambio de táctica ocurre tras una polémica operación de un mes en Minnesota donde agentes federales causaron la muerte de dos ciudadanos estadounidenses.
El repunte en las detenciones coincide con fallos recientes de la Corte Suprema que expandieron las facultades del Poder Ejecutivo para dictar la política migratoria federal, lo que incluye la validación para finalizar las protecciones de deportación para beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS). Lauren Bis, vocera del Departamento de Seguridad Nacional, respaldó las medidas señalando en un comunicado que el mensaje oficial es localizar, detener y deportar a quienes ingresen de forma ilegal al territorio estadounidense.
Por su parte, abogados y activistas de derechos humanos en regiones como Texas, Florida y Utah han reportado un incremento notable en las redadas y arrestos imprevistos, advirtiendo sobre un clima de temor generalizado en las comunidades vulnerables. Entre los incidentes reportados destaca la detención temporal de una monja y enfermera nigeriana en el sur de Texas, así como el arresto de padres de familia sin antecedentes penales durante traslados cotidianos, situaciones que defensores legales señalan como un reflejo de la rigidez en la aplicación de las nuevas directrices federales.
