Ciudad de México.- El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoció que entre los 3 mil candidatos que buscan un cargo en el Poder Judicial, hay casos de personas que no cumplen con la exigencia de probidad por ser defensores de narcotraficantes, situación que venía señaladose por diversos actores de la oposición.
Consideró adecuada, pero tardía la medida que alista el Instituto Nacional Electoral (INE) para revisar si estos candidatos cumplen con los requisitos constitucionales, incluyendo la ausencia de antecedentes penales, abundó el presidente del Senado.
El senador por Morena dijo que ya se han detectado casos de personas que no cumplen con la exigencia de probidad, como defensores de narcotraficantes, que están intentando acceder a cargos en el poder judicial.
“Sí hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad, me parece que sí hay algunos casos que debería “, agregó.
“Sería desafortunado que un defensor de narcos acreditado o un juez que ha liberado a narcos, acreditado, con una conducta sistemática…”, apuntó.
Respecto a la iniciativa conocida como “8 de 8”, que busca excluir a candidatos con sentencias por violencia de género, el senador recordó al INE que deben tratarse de resoluciones firmes y definitivas.
Asimismo, pidió tener cuidado con situaciones derivadas de acuerdos de divorcio, donde el cumplimiento de pensiones o convenios no debe interpretarse como inhabilitante, si no existe una sentencia condenatoria clara.
A pregunta expresa sobre si impugnarán el acuerdo, Noroña respondió que no lo harán. Pero, insistió en que la revisión debió realizarse antes.
“Creo que debería retirarse el registro a quienes no cumplen. No deberían esperar a que haya sido la elección”, afirmó.
Fernández Noroña destacó que no se trata de un riesgo para el proceso electoral, sino de un acto de responsabilidad para evitar que perfiles con antecedentes cuestionables, como jueces o defensores ligados al crimen organizado, logren acceder a cargos.
Dijo que, aunque la mayoría de los casos observados pertenecen al Poder Judicial, también hay casos en el Poder Legislativo.
Por ello, pidió resolver estos señalamientos antes del día de la elección.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, señaló que no le correspondía al Instituto la revisión de las candidaturas, y en su caso será el Tribunal Electoral el que determine una vez que sean definitivos los resultados.
«La reforma establece perfectamente que todos aquellos requisitos que se deben de cumplir incluyen la probidad de las personas. Esa es una revisión primera que ya se hizo en el Senado a través de los tres comités de evaluación que pudieron entregarnos las listas de candidaturas al Instituto Nacional Electoral», dijo.
Explicó que una vez que se tengan los resultados, el INE debe dar parte al Senado de la República y al Tribunal Electoral, en su Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, para que sean quienes resuelvan sobre si se cumplen los requisitos de elegibilidad.
Señaló que el INE emitirá un acuerdo sobre el tema en la próxima sesión del Consejo General.
Por tanto, afirmó que «no es de buenos deseos» ni «lo que uno prefiera», sino de aplicación de la norma. «Entiendo que el presidente del Senado estará de acuerdo, porque es lo que está en la reforma», mencionó Taddei.
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