La iniciativa que Morena presentará este martes en la Cámara de Diputados establece que la Guardia Nacional se mantendrá en las calles hasta que se logre pacificar al país.
En la iniciativa con proyecto de Decreto, que presentará el coordinador, Mario Delgado Carrillo, busca reformar diversos artículos de la Constitución para crear la Guardia Nacional.
La siguiente es la exposición de motivos:
Desde fines de 2006 México pasa por una crisis de violencia, inseguridad e impunidad, reconocida por propios y extraños, que causa un enorme sufrimiento social, hace imposible la construcción de bienestar, inhibe el desarrollo y amenaza con llevar el país a la inderogabilidad. El incremento de los índices delictivos expone a la población a la zozobra, destruye el tejido social, se cobra decenas de miles de vidas al año y causa graves afectaciones patrimoniales.
Son tres los factores principales de esta situación: las políticas y medidas económicas implantadas desde hace treinta años que han reducido las perspectivas de millones de mexicanos de tener un trabajo formal, seguridad social, educación o vivienda; la creciente corrupción en diversas esferas del gobierno y de la sociedad y la aplicación, desde hace 12 años, de una estrategia rotundamente equivocada de seguridad y combate a la delincuencia.
Ante el abandono por parte del gobierno de los modelos de bienestar, movilidad social y redistribución de la riqueza, diversas expresiones delictivas, violentas o no, suplieron esas funciones. Por el número de empleos directos que genera, por el monto de divisas que produce y por el impulso que otorga a otras ramas, la delincuencia se ha ido convirtiendo en un sector de la economía que, en rigor, debería ser considerada como una porción fundamental de eso que se denomina ?sector informal?.
Por otra parte, de 1988 a la fecha se desarrolló, de la mano del modelo económico implantado para beneficio de una pequeña minoría una descomposición institucional sin precedentes que minimizó la capacidad de respuesta del Estado ante el auge delictivo y minó todo el sistema de justicia. Procuradurías, corporaciones policiales, tribunales y cárceles, fueron infiltradas por grupos criminales. A comienzos de este siglo, la falta de cuerpos de policía confiables llevó a la fundación de la Policía Federal. Pero seis años más tarde ésta no había logrado adquirir la fuerza institucional requerida para hacer frente a la delincuencia creciente y el gobierno de Felipe Calderón decidió involucrar a las Fuerzas Armadas en esa tarea, a pesar de lo cuestionable de la medida en el ámbito constitucional.
Por añadidura, en sus términos aún vigentes la ?guerra contra las drogas? y el crimen organizado llevó a la indebida confusión de los conceptos de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública, y ello se expresa en la manera desordenada e improvisada en la que las autoridades civiles han dispuesto de las Fuerzas Armadas para enfrentar a la delincuencia sin otorgarles las facultades legales y sin establecer las reglas claras de contención y límites para esa tarea.
Se dijo entonces que se trataba de una medida provisional, en tanto se lograba la consolidación de la Policía Federal y el saneamiento y la profesionalización, moralización y depuración de las corporaciones estatales y municipales de seguridad pública. Pero en el sexenio 2006-2012 no se logró ni una cosa ni la otra. El gobierno siguiente tampoco consiguió avances en el mejoramiento de los cuerpos civiles de seguridad y optó por mantener, a grandes rasgos, la misma estrategia de seguridad pública y combate a la delincuencia, si bien mudándola de adscripción administrativa ?la tarea pasó de la Secretaría de Seguridad Pública a la de Gobernación?, y siguió apoyándose en el Ejército y en la Marina como pilares fundamentales para encarar a la criminalidad organizada.
Ni uno ni otro gobiernos atacaron las raíces económicas y sociales del auge delictivo y la violencia. Ambos se enfrascaron, en cambio, en una lógica de ?guerra? que agravó la inseguridad ciudadana, generó una catástrofe de derechos humanos y, paradójicamente, fortaleció a la delincuencia al impulsar a los grupos delictivos a diversificar y extender sus actividades y al provocar la atomización de los grandes cárteles en pequeñas células dispersas por buena parte del territorio nacional.
A 12 años de impuesta, la estrategia de confrontación policial y militar no ha logrado recuperar la paz social, la seguridad y el estado de derecho. México se ha convertido en un país de víctimas, más del 90 por ciento de los delitos cometidos desembocan en la impunidad y el país sigue padeciendo la aguda carencia de una policía profesional, capaz de prevenir e investigar y de identificar y detener a presuntos culpables de actos ilícitos.
La inseguridad pública es hoy en día uno de los grandes problemas nacionales; su solución es una justificada exigencia de la ciudadanía y el gobierno que iniciará el próximo 1 de diciembre la ha señalado entre sus principales prioridades.
Ciertamente, la obligación primera de cualquier Estado es preservar la integridad de la población ante toda suerte de amenazas. De esa responsabilidad deriva la conformación de sistemas de seguridad nacional, seguridad pública y protección civil, así como la formulación de leyes, instituciones y mecanismos para la defensa de los derechos humanos.
Ciertamente, para resolver la inseguridad, la violencia y el descontrol de diversas regiones es necesario un programa en los ámbitos jurídico, económico, social, educativo y de salud. En muchas circunstancias históricas, tanto nacionales como foráneas, ha quedado claro que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia y del bienestar.
Lo anterior no significa, por supuesto, que las autoridades gubernamentales puedan prescindir, independientemente de las circunstancias, de una institución policial profesional, eficiente y de carácter nacional. Es necesario, en suma, diseñar una solución efectiva a la falta de una corporación capaz y suficiente para prevenir la criminalidad, neutralizar la violencia delictiva, investigar las violaciones a la ley e identificar, detener y presentar ante los organismos jurisdiccionales correspondientes a los presuntos infractores.
Hoy en día las Fuerzas Armadas siguen siendo el principal y el más confiable pilar de la seguridad en nuestro país; pero a 12 años de que fueran involucradas en esa misión por el mando civil, siguen careciendo de un marco legal específico y de una formulación institucional adecuada para participar en esa tarea. Como consecuencia, los institutos castrenses han pagado un alto costo en vidas de soldados y marinos, han experimentado un desgaste injustificable, han sido distraídos de sus funciones constitucionales explícitas y se ha generado una indeseable erosión en sus vínculos con la población civil.
Sin embargo, en la crisis de violencia e inseguridad actual es evidente que el Estado no puede asegurar el cumplimiento de la legalidad ni reconstruir la paz sin el concurso de los institutos armados. El retiro de los soldados y marinos de las tareas de seguridad pública colocaría a diversas regiones y a sus habitantes en una total indefensión ante la criminalidad organizada.
Como lo registra la historia, el Ejército mexicano ha sido, desde su fundación, en 1913, leal a la sociedad y a las instituciones civiles; al igual que la Fuerza Aérea y la Marina, constituye una institución surgida del pueblo; es, por así decirlo, pueblo uniformado, y su cercanía con el resto de la población queda patente en las labores de auxilio que realizan sus efectivos en casos de desastre. Debe mencionarse asimismo que las Fuerzas Armadas de México se han mantenido al margen de la oligarquía político-empresarial que ha ejercido el poder institucional desde hace 30 años.
En tales circunstancias, se plantea resolver ambos problemas ?los vacíos legales en los que operan las Fuerzas Armadas en la seguridad pública y la carencia de una institución policial profesional y capaz de afrontar el desafío de la inseguridad y la violencia? mediante la creación de una Guardia Nacional expresamente encargada de prevenir y combatir el delito en todo el territorio nacional y dotada de la disciplina, la jerarquía y el escalafón propios de los institutos castrenses. Se propone que adicionalmente a sus funciones como garante de la seguridad y la paz públicas y la preservación de la vida, la libertad y los bienes de las personas, la Guardia Nacional esté facultada como auxiliar del Ministerio Público.
Cabe recordar que la Guardia Nacional es una instancia presente en el horizonte constitucional de México desde 1857 (artículos 35, 36, 72, 74 y 85 de la constitución de ese año) y que en desde mucho antes de que figurara en la Carta Magna realizó importantes servicios al país: fundada por el general Mariano Salas en 1846, tuvo una destacada participación en la lucha contra la invasión estadunidense que inició ese mismo año, así como en la resistencia a la intervención francesa registrada dos décadas más tarde. Ya en el Siglo XIX tenía carácter militar, al igual que lo tienen en el presente formaciones como la Guardia Civil española, la Gendarmería Nacional de Francia, y el Arma de Carabineros italiana.
Existen, pues, razones de peso, tanto de índole histórica como internacional, para adscribir a la nueva corporación al ámbito castrense, y la primera de esas razones es de carácter urgente: los institutos militares nacionales son los únicos que tienen el personal, la capacidad, el espíritu de cuerpo y las instalaciones requeridas para empezar a conformar la Guardia Nacional desde el próximo 1 de diciembre y, simultáneamente, a capacitar a los futuros integrantes de la institución.
Los guardias nacionales provendrán de las policías Militar y Naval, así como de la actual Policía Federal, y adicionalmente se convocará a civiles y a elementos de tropa para que se integren a la formación de nuevos elementos, los cuales recibirán formación y adiestramiento en planteles militares de acuerdo con un plan de estudios elaborado en forma conjunta por las secretarías de Defensa Nacional, Marina, Gobernación y Seguridad Ciudadana; adicionalmente se invitará a participar en ese proceso a la Fiscalía General y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con pleno respeto a la autonomía de ambas instituciones. A la capacitación teórica y práctica y al entrenamiento físico castrense se agregará una formación académica y práctica en procedimientos policiales, derecho penal, derechos humanos, perspectiva de género, primeros auxilios, protección civil y otros conocimientos necesarios para el buen desempeño de los elementos.
Por todo lo anteriormente expuesto, es necesario emprender la reforma a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de readecuar el término ?Guardia Nacional? a los requerimientos actuales y, en una modificación posterior, los ordenamientos secundarios a nivel reglamentario y de la normatividad interna, con el objeto de alinear la operación de la corporación mencionada al marco constitucional que por este decreto se reforma.
Con las reformas propuestas se establecerá la naturaleza, alcances y ámbitos de competencia de la Guardia Nacional. Estas adecuaciones constitucionales permitirán la actuación de la Guardia Nacional en el marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad del próximo gobierno.
Como se dijo, la Guardia Nacional está prevista desde la Constitución de 1857 y en la Constitución vigente desde su emisión en 1917. Sin embargo, no está clara su naturaleza ni las funciones que puede desempeñar, por lo que se propone dotar de un nuevo contenido al concepto de Guardia Nacional que se adecúe a las urgentes necesidades de nuestro país para la construcción de la paz y la garantía de seguridad.
Se propone crear la Guardia Nacional como una institución del Estado cuya función sea la de participar en la salvaguarda de los derechos de las personas y sus bienes, preservar el orden y la paz públicas, así como los bienes y recursos de la Nación. Esta institución se constituirá con los elementos de la Policía Federal, Policía Militar y Policía Naval. Sin embargo, tendrán su propio régimen que preverá requisitos de acceso, permanencia, ascenso y capacitación en materia de uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos.
La columna vertebral del ejército es su disciplina, formación y valores. Es precisamente en esos atributos en donde se cimenta nuestro proyecto. La Guardia Nacional responderá a la disciplina militar en lo que respecta a su régimen interno de organización. Sin embargo, en el ejercicio de sus atribuciones, ligadas al contacto permanente con la población civil, se desempeñará bajo parámetros de conducción civil, es decir, ajustará el ejercicio de sus funciones de manera racional y proporcional para proteger libertad, bienes y derechos de las personas.
Si bien, la Guardia Nacional nace como una institución adscrita al mando castrense, es importante destacar que los planes, programas y acciones que darán sustento al despliegue de sus tareas correrá a cargo de la autoridad civil. Y los esquemas de profesionalización, adiestramiento y certificación se realizarán sobre la base de una formación policial. Todo ello, en estricta observancia de las disposiciones que emita el Congreso General en la ley orgánica de la Guardia Nacional, en materia de organización, adscripción, armamento, disciplina y uso de la fuerza.
Para mayor eficiencia, la Guardia Nacional se coordinará con las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de las entidades federativas y los municipios, así como con las demás autoridades de la Federación que correspondan. Tratándose de delitos federales, podrá actuar como auxiliar del Ministerio Público, pero siempre bajo el mando y conducción de éste.
En materia de derechos humanos, garantías judiciales y respeto a las libertades, se prohíbe expresamente que las personas detenidas en el uso de las atribuciones que establece esta reforma sean trasladadas o resguardadas en instalaciones militares. Además, por disposición expresa y en correspondencia con la naturaleza de sus funciones, los miembros de la Guardia Nacional que cometan un delito o una falta en el despliegue de su labor cotidiana serán juzgados por el fuero civil y no por el fuero militar al que sólo se reserva el conocimiento de las faltas y delitos que cometan en su organización interna.
Así mismo, para favorecer escrutinio de las acciones que en una materia tan delicada desplegará el Estado mexicano, proponemos reconocer la plena jurisdicción de la Corte Penal Internacional, sin limitaciones ni condicionamientos, una añeja demanda de la sociedad mexicana.
Nuestra propuesta parte de la necesidad de que los efectivos del ejército y la fuerza armada de México, quienes actualmente realizan tareas de combate a la delincuencia, regresen en muy corto plazo al ejercicio de sus potestades constitucionales, como fuerzas de defensa de la Nación. Y, en su lugar, formar y desplegar una fuerza con disciplina especialmente adiestrada para ejercer funciones de salvaguarda de derechos y bienes de las personas, así como de preservación del orden y la paz públicas. Nuestra propuesta avanza en el sentido de la desmilitarización de las calles de México.
Es esta una medida emergente, de carácter transitorio. Está sujeta a evaluación a los tres años, tanto por el Poder Ejecutivo, como por este Legislativo Federal. Habrá de prevalecer sólo mientras persista la crisis de violencia e inseguridad en el país.
Los cambios incluyen un régimen transitorio, el cual tiene el propósito de dar forma al proceso de adscripción de integrantes de las policías Federal, Militar y Naval a la Guardia Nacional, así como la manera en que ésta se constituirá en los ámbitos administrativo, organizativo y laboral, este último para salvaguardar los derechos adquiridos por quienes provengan de otras corporaciones.
Para estar acordes con la interpretación recientemente emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación a la Ley de Seguridad Interior, establecemos en el régimen transitorio una excepción expresa y específica para que a los miembros de las policías militar y naval que se incorporen a la Guardia Nacional no les sea aplicable la limitación que dispone el artículo 129 de la Constitución, según la cual en tiempos de paz las autoridades militares no pueden realizar funciones diversas a las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.
Cabe señalar que la creación de la Guardia Nacional es sólo una parte del Plan Nacional de Paz y Seguridad del próximo gobierno. En palabras del presidente electo, el 80 por ciento de la nueva estrategia de paz y seguridad gira en torno a atacar las causas, atender a los jóvenes y rescatar los valores del pueblo de México. El restante porcentaje, tiene que ver con las instituciones de seguridad dentro de la que se enmarca la Guardia Nacional.
Es pertinente reiterar, por último, que para garantizar los derechos humanos y asegurar la actuación de la nueva corporación con apego a los protocolos de protección de las garantías establecidas en la Carta Magna, todos los elementos de la Guardia Nacional recibirán formación en derechos humanos y capacitación y adiestramiento en labores policiales, así como en el dominio de un protocolo para la intervención y el uso de la fuerza, atendiendo a los criterios de necesidad, proporcionalidad y respeto a las leyes vigentes.
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