Ciudad de México.- En febrero de 2024, durante el último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Gobernación (Segob) otorgó 20 permisos para la instalación y operación de centros de apuestas a la empresa Operadora Clíe.La autorización, emitida por la Dirección General de Juegos y Sorteos, se concedió el 1 de febrero de ese año, cuando al frente de la dependencia se encontraba Luisa María Alcalde. Los permisos derivaron de resoluciones de un juicio contencioso administrativo.
Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que el socio mayoritario de Operadora Clíe, Nabor Castrejón, compartía previamente una misma licencia federal —la DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2017— con empresas vinculadas a la familia Bermúdez Requena.
Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que el socio mayoritario de Operadora Clíe, Nabor Castrejón, compartía previamente una misma licencia federal —la DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2017— con empresas vinculadas a la familia Bermúdez Requena.
Bajo ese permiso operaban, entre otros, el casino Epic en Michoacán y las plataformas digitales CrownCity y CityBets, asociadas a Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste, donde figura como socio Humberto Bermúdez Requena, hermano del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena.
La constitución de Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste fue atestiguada como notario por el actual senador morenista Adán Augusto López Hernández.
La constitución de Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste fue atestiguada como notario por el actual senador morenista Adán Augusto López Hernández.
Hernán Bermúdez Requena enfrenta acusaciones por presunta asociación delictuosa, secuestro y extorsión, y ha sido señalado como líder del grupo criminal “La Barredora”. Su familia ha incursionado desde hace años en el sector de juegos y apuestas a través de diversas empresas.
Posteriormente, varias de estas operaciones han enfrentado suspensiones por parte de la Segob y bloqueos de cuentas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como sanciones de autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con lavado de dinero y crimen organizado.
La autorización de los 20 centros ocurre pese a las declaraciones reiteradas del entonces presidente López Obrador de no otorgar nuevos permisos para casinos en el país.
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