Boston, Massachusetts.- El juez federal de distrito Brian E. Murphy, con sede en Massachusetts, dictaminó este miércoles que la política del gobierno de Donald Trump de deportar inmigrantes hacia terceros países con los que no tienen relación alguna es ilegal. La resolución señala que esta práctica del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debe quedar sin efecto por vulnerar el principio constitucional del debido proceso, al negar a los afectados un aviso significativo y la oportunidad de objetar su expulsión antes de ser enviados a naciones desconocidas.
La decisión de Murphy otorga un plazo de 15 días para que el gobierno federal presente una apelación. El juez destacó que la actual estrategia oficial extingue impugnaciones válidas al ejecutar las salidas de forma acelerada, impidiendo que los tribunales analicen los riesgos de tortura o persecución que los migrantes podrían enfrentar en destinos ajenos a su nacionalidad de origen. En su escrito, el juzgador reafirmó que ninguna persona en territorio estadounidense puede ser privada de su libertad sin los procedimientos legales correspondientes.
Este fallo ocurre en un contexto de tensión judicial, ya que la mayoría conservadora de la Corte Suprema de la nación determinó en junio pasado que los funcionarios de inmigración poseen facultades para realizar deportaciones rápidas hacia terceros países. Sin embargo, Murphy argumentó que el gobierno ha intentado violar órdenes judiciales previas, citando la deportación de seis integrantes del grupo demandante a El Salvador y México sin brindarles el proceso exigido por las restricciones temporales vigentes.
El caso tomó relevancia internacional en mayo de 2025, cuando el gobierno estadounidense fletó un vuelo con destino a Sudán del Sur, una nación devastada por la guerra, para trasladar a migrantes que no poseían vínculos familiares ni culturales con esa región. Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), los ocho hombres enviados en dicha ocasión tenían órdenes finales de expulsión y condenas por delitos en Estados Unidos, lo que a juicio de la administración justificaba la medida.
Finalmente, el juez Murphy subrayó que la opacidad del gobierno al retener el nombre del país de destino impide evaluar los méritos de cada reclamo individual. La resolución advierte que la política actual apunta incluso a personas a las que se les había concedido protección para no regresar a sus países de origen por temor a represalias, dejándolos en una situación de vulnerabilidad extrema en territorios extraños.
Autor
PUBLICIDAD
