Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió un pronunciamiento institucional para precisar el estatus procesal de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, respecto al citatorio programado para este viernes 29 de mayo de 2026. La dependencia capitalina aclaró de manera tajante que no existe una imputación penal directa, investigación en curso o carpeta de imputación formulada por el Ministerio Público local en contra de la mandataria chihuahuense, desvirtuando las versiones que perfilaban una inminente judicialización del caso.
La autoridad ministerial de la Ciudad de México detalló que el requerimiento formal entregado en el Palacio de Gobierno de Chihuahua responde exclusivamente a un trámite estrictamente técnico y de control judicial. El acto procesal deriva de un recurso de impugnación interpuesto por los asesores jurídicos del senador de Morena y exgobernador, Javier Corral Jurado, quien recurrió ante los juzgados para inconformarse legalmente contra la decisión previa de la fiscalía capitalina de decretar el no ejercicio de la acción penal y el archivo definitivo de la denuncia por presunto secuestro y abuso de autoridad asociada a los incidentes del restaurante de la colonia Roma.
Bajo este esquema normativo, la presencia de la jefa del Ejecutivo estatal en la audiencia del próximo viernes obedece a su condición de parte interesada dentro de una revisión de carácter administrativo y no a un estatus de persona inculpada en materia criminal. La legislación procesal civil y penal vigente estipula que, cuando un denunciante impugna el cierre de una investigación, el juez de control de la causa penal está obligado a citar e informar a todas las personas que estuvieron involucradas originalmente en el expediente de origen para que manifiesten lo que a su derecho legal convenga.
El órgano de procuración de justicia de la capital del país enfatizó que el desahogo de esta diligencia técnica no vulnera la inmunidad procesal ni el fuero constitucional consagrado en el artículo 111 de la carta magna, debido a que no se está solicitando un juicio de procedencia ni se pretende ejecutar una orden de aprehensión en territorio chihuahuense. Por su parte, el cuerpo de litigantes que encabeza la defensa de la gobernadora mantiene activos los juicios de amparo indirecto ante los tribunales federales, buscando que se cancele la comparecencia física de la funcionaria bajo el argumento de que el desahogo del trámite administrativo puede realizarse por la vía escrita o a través de sus representantes legales acreditados en la Ciudad de México.
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