Chihuahua, Chih.— La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado de Chihuahua se atrinchera en la defensa de su competencia exclusiva para juzgar el presunto peculado agravado que involucra a 98.6 millones de pesos desviados durante la administración del exgobernador Javier Corral Jurado. Abelardo Valenzuela Holguín, titular de la dependencia, descartó de tajo cualquier injerencia federal en el caso, que también salpica a su exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, y al empresario Pedro López Elías. «Está y estará en Chihuahua», enfatizó el fiscal, al recordar que el delito radica en el fuero común y que cualquier intento de atracción por parte de la Federación sería «un abuso de poder excesivo, como reeditar la Ley de Herodes».
El escándalo, que estalló públicamente en agosto de 2024 con un fallido intento de detención de Corral en un restaurante de la Ciudad de México, se centra en un contrato simulado con un despacho de abogados para la reestructuración de la deuda estatal. Aquellos recursos, destinados al erario público, habrían sido distraídos mediante un esquema de disposición indebida, distracción y desviación, configurando así el delito de peculado agravado en perjuicio del gobierno de Chihuahua. Desde entonces, la carpeta de investigación ha acumulado pruebas sólidas, según Valenzuela, quien detalló que existen órdenes de aprehensión vigentes contra los tres implicados, fichas rojas de Interpol para dos de ellos, alertas migratorias y el aseguramiento de cuentas bancarias y bienes inmuebles por valor millonario.
Órdenes de aprehensión y amparos: la batalla judicial en curso
La judicialización del caso no ha sido un camino expedito. Desde la emisión de las órdenes de aprehensión, los imputados han tejido una red de amparos ante la justicia federal, en un intento por desviar la competencia del fuero estatal. Corral, quien ahora goza de fuero como senador de la República, evadió la captura inicial en la capital del país, donde agentes chihuahuenses lo esperaban con la orden en mano. Fuentes Vélez y López Elías, por su parte, acumulan el estatus de prófugos: el exfuncionario enfrenta al menos tres órdenes de aprehensión adicionales por irregularidades en su gestión, mientras que el empresario ha visto asegurados bienes de lujo, como una hacienda en Morelos y una casa en Tepoztlán, Morelos, valorada en millones de pesos y ligada directamente al desvío.
Valenzuela Holguín subrayó que estos recursos judiciales no han alterado el curso del proceso. «Existen elementos probatorios que encuadran perfectamente el delito, y no permitiremos dilaciones que vulneren el debido proceso», afirmó el fiscal durante una conferencia de prensa este jueves, donde reiteró el compromiso de la Fiscalía con el Estado de derecho y la Constitución.
Fuero común vs. tentaciones federales: el pacto federal en juego
Lo que distingue este caso de otros escándalos de alto perfil es su arraigo en el ámbito local. El peculado agravado, al no involucrar servidores públicos federales ni fondos nacionales, cae de lleno en la jurisdicción de Chihuahua, argumentó Valenzuela. «Son casos muy distintos a otros. Apelamos al debido proceso y al respeto al pacto federal», dijo, al advertir que una atracción por la Fiscalía General de la República equivaldría a una violación flagrante de competencias. En septiembre pasado, la dependencia ya había asegurado bienes por el desvío en la era Corral, un paso que refuerza la solidez de la investigación y la determinación de no ceder terreno.
El fiscal no descartó recurrir a instancias superiores si la Federación intentara intervenir. «Sería un abuso excesivo, y lo impugnaremos legalmente», agregó, evocando precedentes donde la soberanía estatal ha prevalecido sobre presiones políticas.
Recuperación de fondos y ramificaciones: la Fiscalía no afloja
Más allá de las aprehensiones pendientes, el objetivo primordial es la restitución al erario. «No vamos a detenernos hasta que se regresen los 98.6 millones de pesos», prometió Valenzuela, al destacar que la carpeta principal es «muy sólida» y que ya se han congelado activos suficientes para cubrir el monto defraudado. La pesquisa, iniciada en 2024, ha derivado en al menos cinco carpetas adicionales contra Fuentes Vélez por presuntas irregularidades en su despacho, y una más contra López Elías, quien promovió amparos preventivos ante la inminencia de su detención.
Incluso Corral, pese a su inmunidad, no escapa a la lupa: es investigado en otros expedientes por posibles vínculos en la red de desvíos durante su sexenio (2016-2021). «La justicia estatal actuará con independencia y firmeza. Este caso pertenece a Chihuahua y aquí se resolverá conforme a la ley», concluyó el fiscal, cerrando con un mensaje de tenacidad ante lo que califica como un «corralismo» enquistado en la administración pasada.
En un contexto donde la corrupción sigue erosionando la confianza pública en Chihuahua, esta declaración de Valenzuela Holguín marca un hito en la persecución de exfuncionarios panistas, recordando que el peso de la ley no distingue fuero ni fronteras estatales. La pelota, ahora, está en la cancha de los tribunales locales.
