Feroz cinismo de Maru contra César
El reciente paso de Maru Campos por los micrófonos de Latinus dejó una postal tan elocuente como cínica. La gobernadora de Chihuahua decidió que la mejor manera de capear el temporal por la presencia de agentes de la CIA en la sierra era inventar un deporte olímpico nuevo: el deslinde express. En su versión de los hechos, el exfiscal César Jáuregui se mandó solo, operó por la libre y la dejó a ella bailando sola en la pista del escarnio político, enfrentando solita las dos carpetas de investigación —una federal y otra estatal— y los gritos de juicio político.
El mensaje para Jáuregui es de una crueldad táctica fascinante. La mandataria lo pulverizó sin mencionarlo por su nombre, transformándolo en el chivo expiatorio perfecto de un operativo que, por definición, jamás se ejecuta sin la venia del poder central del estado. Maru necesita con urgencia un culpable a la carta para sacudirse el polvo de una crisis de soberanía nacional y, fiel a su estilo, echó al exfiscal debajo del camión con una sonrisa de oreja a oreja.
Pero hay algo profundamente cómico y selectivo en la amnesia institucional de la gobernadora. En su relato, ella es una paloma inmaculada a la que la grilla persigue sin piedad. Sin embargo, en este ejercicio de diseño de memorias, la mandataria olvida convenientemente su propio pedigrí judicial. Se le escapa del radar que ella misma hizo campaña, pavimentó su camino al poder y ganó la gubernatura estando formalmente vinculada a proceso por el delito de cohecho, gracias a su inolvidable paso por la famosa nómina secreta del exgobernador César Duarte.
Parece que para el aparato de propaganda chihuahuense la ley de la gravedad política aplica diferente según el personaje. Cuando se trata de la nómina secreta de Duarte, los procesos judiciales eran un invento malvado del pasado que el pueblo perdonó en las urnas; pero cuando se trata de los gringos paseándose armados por la sierra, la culpa es enteramente de un subordinado descarriado. Maru se victimiza, presume que fue la única en dar la cara y reparte culpas con destreza de tahúr, mientras intenta blindar su futuro político y sacudirse los demonios de una administración que camina, una vez más, sobre la cuerda floja.
El misil que soltó Maru Campos contra su excolaborador tiene una dirección muy clara y huele a puro terrorismo electoral. Al confirmar carpetas de investigación federales y estatales y acusarlo de operar por la libre en la sierra, la gobernadora no sólo busca salvar su propio pellejo ante la crisis diplomática; le está cantando un tiro derecho al ex fiscal para frenar en seco sus aspiraciones de amarrar la candidatura del PAN a la alcaldía de la capital.
El mensaje mafioso y calculado es cristalino: o se baja voluntariamente de la contienda por el municipio o el aparato del estado se encargará de convertir su sueño político en una pesadilla judicial. Maru usa el garrote de las instituciones con una precisión quirúrgica, recordándole a Jáuregui que el poder en Chihuahua se ejerce con lealtad ciega o se paga con el suplicio penal. Una auténtica muestra de rudeza innecesaria donde el fuego amigo se vuelve un boomerang de dinamita pura rumbo al proceso electoral.
Loera reta al dedazo de Palacio
La batalla campal por la alcaldía de Chihuahua en 2027 tiene nombre, apellido y un fuerte tufo a imposición desde el Palacio de Gobierno. Detrás del teatrito que se armó en el Comité Directivo Municipal del PAN —donde la base blanquiazul botó el portón para exigir piso parejo— no hay otra mano que la de la gobernadora Maru Campos y su obsesión por meter con calzador a su fiel alfil, Santiago de la Peña. Al alcalde Marco Bonilla este enjugue seguramente ni le incomoda, pues De la Peña es pieza con la que guarda afinidad desde los tiempos en que entró de su mano a las administraciones panistas. Ante esta intentona de cargada oficial, el exsecretario Rafa Loera se plantó con uñas y dientes para dinamitar el agandalle y recordarle a la cúpula que el partido no es una notaría del Ejecutivo estatal.
La bronca estalló luego de que la diputada Joceline “Joss” Vega Vargas saliera a lamentarse y a culpar a Loera de un supuesto boicot por la protesta de los militantes. Lejos de achicarse, el aspirante le cantó las verdades a los mandamases y soltó un coscorrón político: “Exigir democracia interna no es boicotear, es honrar la historia de Acción Nacional”. Con los ánimos encendidos, Loera advirtió que la dirigencia trata a las bases como floreros electorales: “No podemos tomar a la militancia como un adorno nomás para validar acuerdos previos, porque al fin y al cabo la militancia es el corazón que le da vida y que le concedió el triunfo al partido”. Y remató directo a la yugular: “Aquí no hay panistas de primera ni panistas de segunda, aquí todos somos panistas”.
La intentona por descarrilar a Loera no se quedó en berrinches de curul. Desde el primer círculo maruquista se soltó la jauría para agitar el espantapájaros de la traición, usando una foto donde Loera saluda a Cruz Pérez Cuéllar en un evento de periodistas. Con la lengua suelta, sus detractores quisieron pintar una alianza en lo oscurito. Pero el exfuncionario los mandó a volar con una frase seca: “Yo no me ando escondiendo para hacer nada”, y les cobró la factura al aclarar que “no podemos confundir lo que es el diálogo institucional y la coincidencia en espacios públicos con actores de otras fuerzas, con alianzas a oscuras”.
El recurso del método
El cálculo político tiene su truco en el método. Si la definición se reduce a una Convención estatal de militantes, Santiago de la Peña tiene todas las de perder frente al descontento de las bases. Sin embargo, si el juego se maniobra a través del Consejo Estatal o mediante una decisión directa del CEN, el tapado de Palacio se alza con la victoria gracias al control y la simpatía que ejerce Maru Campos en esos órganos de decisión. Frente a un escenario de competitividad muy similar entre los principales tiradores blanquiazules, la única válvula de escape real para legitimar una imposición sin reventar el barco sería una encuesta muy seria, abierta a la población, supervisada de cerca por todos los contendientes y con un acuerdo previo de damas y caballeros para respetar el resultado y operar en unidad. En una encuesta abierta a la población podría resultar más competitivo De la Peña, quien tiene problemas de aceptación entre la militancia panista.
Loera sabe perfectamente que la historia reciente del panismo chihuahuense está plagada de cadáveres políticos por culpa de los caprichos de los gobernantes en turno. Ahí están los fracasos estrepitosos de Javier Corral en 2021 cuando quiso imponer a Gustavo Madero, o los descalabros más recientes donde los caprichos de la propia gobernadora Maru Campos se estrellaron contra la realidad: apenas este año, la mandataria intentó inflar sin éxito a Gilberto Loya para imponérselo a Marco Bonilla, y terminó derrotada cuando el alcalde le ganó la partida a pulso frente a la aplastante simpatía de la base panista.
Por eso, Loera le midió el aceite al sistema y soltó el misil sin miedo a la titular del Ejecutivo: “El PAN nació para combatir los dedazos, nació para combatir el autoritarismo, entonces que nadie se espante”. Sin rodeos, advirtió: “Sé que para muchos sería más cómodo deshacerse de mí porque saben que no tienen los números en la militancia. Que no le tengan miedo a un ejercicio democrático que vivió en su momento la gobernadora Maru Campos y el presidente municipal Marco Bonilla”.
La jugada está al límite y en el partido se juega el físico: si la cúpula estatal insiste en el dedazo por la vía del Consejo o el CEN para favorecer a su favorito, se arriesga a romper los platos y dejar el terreno listo para que Morena se coma el pastel en 2027.
Joss sube el tono y Cruz la demanda
La grilla chihuahuense encendió los radiadores antes de tiempo. En una esquina del ring político aparece la diputada local Joceline Vega Vargas, quien decidió estrenar su repertorio lingüístico bautizando al alcalde con licencia y operador guinda Cruz Pérez Cuéllar no como candidato, sino con el fino apodo de narco-coordinador. En la otra esquina, el edil fronterizo no se quedó cruzado de brazos y ya movió sus fichas para interponer una denuncia ante el Instituto Estatal Electoral, además de amagar con reclamos por la vía civil debido a daño moral.
Para entender este sainete político hay que revisar los antecedentes inmediatos. La sucesión anticipada por la gubernatura del estado ya tiene a los aspirantes corriendo en los lodos de la adelantada contienda electoral. Las descalificaciones entre tribus partidistas son el pan de cada día, pero escalar al terreno de las presuntas vinculaciones criminales marca una línea de no retorno. La legisladora blanquiazul defiende su derecho al pataleo bajo el amparo de la libertad de expresión y el debate de interés público, argumentando que ambos son entes de cristal en la pecera de la política.
Sin embargo, el argumento de Vega Vargas cojea de la pierna de la prudencia institucional. Lanzar acusaciones de alto voltaje sin pruebas firmes ante un juez o fiscalía, raya en la picardía verbal más cínica. Por su parte, la respuesta de Pérez Cuéllar acudiendo al IEE busca poner un alto a los excesos del fuego amigo y enemigo que ensucian el proceso. El árbitro electoral local tiene ahora en su escritorio un expediente jugoso que pondrá a prueba su imparcialidad y su capacidad para arbitrar una contienda que pinta para convertirse en un lodazal de descalificaciones.
Las repercusiones de este encontronazo no se harán esperar. Si el Instituto Estatal Electoral o los tribunales dan entrada a las quejas por calumnia y violencia política, el escenario para la diputada podría complicarse más allá de una simple disculpa o un rapapolvo mediático. Al mismo tiempo, para el equipo del alcalde juarense, litigar este tipo de señalamientos en los tribunales puede funcionar como un doble filo: por un lado, busca frenar el golpeteo; por el otro, mantiene viva en la agenda pública la sombra de las acusaciones que tanto incomodan a su proyecto político rumbo al 2027.
En este tablero, la estrategia de la legisladora parece apostar por el desgaste y la confrontación directa, buscando reflectores a costa de polarizar aún más el ambiente en el Congreso local. Mientras tanto, el morenista intenta blindar su imagen institucional usando la ley como escudo contra los misiles lanzados desde el Palacio Legislativo y sus alrededores.
Lo cierto es que este choque de trenes demuestra que la cortesía política en Chihuahua es una pieza de museo. Los actores principales prefieren el lodazal de la descalificación antes que la altura de miras, dejando claro que el juego sucesorio será rudo, sucio y sin tregua. La ciudad y el estado quedan atrapados en medio de dimes y diretes, donde lo de menos es el bienestar ciudadano y lo que importa es quién asesta el golpe más certero antes de que arranque formalmente la madre de todas las batallas electorales en territorio chihuahuense.
