CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua.- La denuncia presentada por familiares del militar estadounidense Richard Halliday en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván —a quien acusan de presuntamente mentir al declarar que desconocía la presencia de agentes extranjeros en la entidad— cobró una nueva y profunda relevancia pública, avivada de manera directa por la reciente detención y reclusión del exfiscal general del estado, César Gustavo Jáuregui Moreno.
El expediente original de la familia Halliday se originó a partir de la desaparición y asesinato de Richard Halliday, un militar estadounidense asignado a la base de Fort Bliss, Texas, cuyo cuerpo fue localizado sin vida en enero de dos mil veinticinco en Ciudad Juárez. De acuerdo con las indagatorias y la querella interpuesta ante la Fiscalía General de la República el veintisiete de mayo de dos mil veintiséis, los familiares sostuvieron que la mandataria estatal mantenía un esquema de coordinación no autorizado con agencias internacionales y que recibía reportes directos de inteligencia desde un año antes.
Según los denunciantes, el militar estadounidense habría estado vinculado con investigaciones sobre redes de tráfico criminal y operaciones militares irregulares, y su muerte habría ocurrido en represalia por dichos actos, sumándose a que en enero de dos mil veintiséis el Departamento del Ejército de los Estados Unidos clasificó oficialmente su deceso bajo el estatus de muerte en acto de servicio.
Dentro de los señalamientos más graves integrados en la denuncia, la familia Halliday acusó directamente a la gobernadora María Eugenia Campos y al fiscal de la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, de haber confabulado y actuado de manera conjunta para alterar y manipular el reporte oficial de persona desaparecida tramitado inicialmente en Ciudad Juárez, buscando con ello ocultar el trasfondo de los hechos y la presunta red de complicidades institucionales.
Este caso, que se encontraba en el terreno de la exigencia diplomática y familiar, cobró notoriedad y revivió con fuerza institucional a raíz de la captura de César Jáuregui, quien fue aprehendido por la Fiscalía General de la República y trasladado al penal de máxima seguridad de El Altiplano bajo la acusación federal de traición a la patria.
La causa penal contra Jáuregui Moreno deriva de un hecho totalmente distinto pero convergente en el centro de la crisis política: un accidente vehicular ocurrido en la zona serrana de El Pinal, en el municipio de Morelos, donde fallecieron dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia identificados como Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black, tras participar en un operativo de desmantelamiento de un laboratorio clandestino sin la autorización del gobierno federal.
El colapso institucional generado por la caída del exfiscal y la apertura de investigaciones federales sobre la actuación de la procuración de justicia estatal frente a la injerencia extranjera entrelazaron ambos escenarios. Los denunciantes del caso Halliday aprovecharon el clima político y la revisión de las redes de complicidad institucional para exigir que se indague a fondo si el Ejecutivo estatal y mandos como Carlos Manuel Salas toleraron, encubrieron u operaron al margen de la ley con agencias extranjeras.
A estos señalamientos se sumaron colectivos ciudadanos que interpusieron denuncias adicionales los días diez de julio y veintiséis de agosto de dos mil veintiséis ante la misma instancia federal, exigiendo indagar la presunta entrega de información clasificada de seguridad nacional y la posible responsabilidad de la administración estatal.
Mientras la defensa del exfiscal asegura que enfrenta una persecución política, la administración federal ha reiterado que cualquier cooperación en materia de seguridad debe canalizarse exclusivamente a través de las instancias centrales del país, manteniendo abiertas las indagatorias sobre la red de contactos internacionales en la entidad.
