Chihuahua, Chih.- La extorsión se ha convertido en un cáncer que devora el tejido comercial de México, con impactos que trascienden las zonas de alta violencia y encarecen la canasta básica en todo el territorio nacional, según advierten líderes empresariales ante el avance imparable del delito.
Alejandro Lazzarotto Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO SERVYTUR) en Chihuahua, elevó la voz de alarma esta semana al describir cómo las cuotas impuestas por grupos criminales operan ya como un engranaje cotidiano en el entorno de los negocios. En un contexto donde el país enfrenta un estancamiento económico crónico, con crecimiento por debajo del 1% en el tercer trimestre de 2025, el líder local recordó un estudio de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) elaborado hace más de seis meses, que desnuda la magnitud del problema. Ese informe, basado en datos de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2024, registra 739 mil 500 casos de extorsión solo en 2023, de los cuales el 88% golpeó a micronegocios y empresas familiares, las que generan el 72% del empleo formal en el país. El costo económico estimado roza los 20 mil millones de pesos anuales, una cifra que no incluye las pérdidas indirectas por cierres de locales y fuga de inversionistas.
Lazzarotto ilustró el efecto dominó con ejemplos concretos: en regiones productoras como Michoacán, donde el crimen organizado controla el 80% de la producción de limón y aguacate, las extorsiones elevan los precios hasta un 40% en mercados lejanos como Chihuahua o el centro del país. «Si extorsionan a los limoneros, el precio del limón aquí va a ser extremadamente alto; igual pasa con el aguacate», explicó el directivo, subrayando cómo un delito localizado se transforma en inflación generalizada que erosiona el poder adquisitivo de millones de familias. Esta dinámica no es exclusiva de la agricultura; un análisis reciente de Concanaco revela que el 90% de los comercios urbanos han enfrentado cobros de piso, desde taquerías hasta imprentas, paralizando la actividad en colonias enteras.
El testimonio personal del directivo añade crudeza al panorama. Hace unas semanas, una empleada de la propia CANACO Chihuahua cayó en una extorsión telefónica: criminales la convencieron de que un familiar estaba secuestrado, y bajo pánico, retiró y entregó 20 mil pesos sin verificar. «No se reporta porque la gente se siente mal, pero la extorsión continúa», lamentó Lazzarotto, quien vinculó este caso a una penetración profunda del delito en la economía formal, similar al lavado de dinero. Según el estudio de Concanaco, el 72% del territorio nacional ya sufre un control indirecto del crimen sobre cadenas de suministro, lo que complica su detección y fomenta la impunidad.
Esta advertencia resuena en foros nacionales. Octavio de la Torre, presidente de Concanaco Servytur, ha insistido en que la extorsión no solo cobra vidas, sino que encarece productos esenciales y ahuyenta la inversión extranjera, que cayó un 15% en el primer semestre de 2025. En julio, la confederación presentó resultados preliminares de su encuesta, alertando que el 30% de las empresas reportaron intentos de soborno o irregularidades ligadas a la corrupción, un caldo de cultivo para el crimen. La Coparmex, por su parte, denunció recientemente que el delito tiene «de rodillas» a los empresarios, estrangulando la economía por la ausencia de un Estado presente. «No podemos permitir que los grupos delictivos sustituyan al Estado, decidiendo quién trabaja, quién invierte», declaró Juan José Sierra, directivo de la confederación patronal, en un evento en la Ciudad de México.
Ante esta ofensiva criminal, Lazzarotto lanzó un llamado urgente a comerciantes y ciudadanos: educarse, verificar amenazas y denunciar sin temor. «El llamado es a poner más atención, no decir que sí a todo. Verificar, preguntar, no caer», urgió, enfatizando que la prevención y la denuncia son las únicas armas efectivas. Concanaco respalda esta postura; el 7 de noviembre, celebró la aprobación de la Ley General contra la Extorsión, que incluye persecución de oficio, denuncias anónimas y penas más duras, un paso que protegió a las MiPymes al reconocer el delito como amenaza estructural.
Sin embargo, expertos coinciden en que las reformas solas no bastan. En redes sociales, dueños de negocios comparten testimonios desgarradores: carnicerías y papelerías cierran por cuotas semanales de hasta 5 mil pesos, mientras la Guardia Nacional se concentra en megaproyectos en lugar de patrullar barrios comerciales. Un empresario de la zona norte relató en X cómo la extorsión duplicó sus costos operativos, forzándolo a subir precios y perder clientes. Analistas estiman que, sin una estrategia integral que integre inteligencia financiera y protección a testigos, el PIB podría resentir hasta un 2% anual por esta «paradoja» del crimen: genera ingresos ilícitos mientras destruye la base productiva.
La batalla contra la extorsión trasciende lo económico; es una prueba de la capacidad del nuevo gobierno para restaurar la confianza. Mientras Lazzarotto y sus colegas exigen acción coordinada, el reloj corre: cada día sin respuesta, un negocio más cierra sus puertas, y la economía mexicana sangra un poco más.
