Chihuahua, Chih.— Integrantes de organizaciones civiles y personas con discapacidad se manifestaron frente a Palacio de Gobierno para exigir a la administración estatal la firma del convenio de colaboración con el Gobierno Federal que permita garantizar la universalidad de la pensión para este sector, demanda que coincide con los exhortos legislativos presentados de manera reiterada por la bancada de Morena en el Congreso del Estado de cara a la integración del presupuesto 2027.
Durante la movilización ciudadana, los participantes subrayaron que su protesta no responde a intereses partidistas y señalaron la urgencia de cubrir al sector poblacional de entre 30 y 64 años de edad, el cual actualmente carece de cobertura permanente en la entidad.
Laura Fuentes, vocera del contingente, criticó las prioridades de gasto de la actual administración al señalar que se destinan mayores recursos y visibilidad institucional a programas de rescate y cuidado animal que a la atención integral de las personas con discapacidad. Apuntó que el presupuesto estatal de 2026 contempló apenas 30 millones de pesos para este sector, ejercidos mediante apoyos aislados de 5 mil, 8 mil o 13 mil pesos por persona, cifras que calificó como insuficientes frente al padrón real de necesidades.
Al concluir la concentración, una comisión ingresó a Palacio de Gobierno para entregar un pliego petitorio dirigido a la gobernadora María Eugenia Campos Galván con la exigencia formal de concretar la firma del convenio.
Las peticiones de la bancada de Morena en el Congreso
El reclamo ciudadano en la Plaza Hidalgo ocurre en paralelo a la agenda legislativa impulsada por el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, cuyos diputados han mantenido como uno de sus ejes centrales la exigencia de universalizar este apoyo económico antes de que se apruebe el Paquete Económico 2027, el cual deberá ser entregado por el Ejecutivo estatal a finales de noviembre.
De acuerdo con los pronunciamientos y puntos de acuerdo presentados en tribuna por legisladores morenistas —encabezados por el coordinador de la bancada, Cuauhtémoc Estrada, y diputados integrantes de las comisiones de Presupuesto y Derechos Humanos—, la principal demanda consiste en que la titular del Ejecutivo suscriba de inmediato el acuerdo de concurrencia con la Secretaría de Bienestar federal bajo el esquema de aportación paritaria del 50 por ciento estatal y 50 por ciento federal, mecanismo que ya opera en más de una veintena de entidades del país.
De igual forma, los diputados de Morena demandan que la Secretaría de Hacienda del Estado incluya en el proyecto del Presupuesto de Egresos 2027 una partida específica y suficiente para cubrir la mitad correspondiente al estado, estimando que la inversión necesaria ronda entre los 250 y 350 millones de pesos anuales para incorporar al universo de personas de 30 a 64 años en Chihuahua.
Los legisladores también exigen que el Gobierno del Estado transparente el padrón actual de beneficiarios de los programas locales de asistencia social y explique los criterios bajo los cuales se asignaron los 30 millones de pesos ejercidos durante 2026. Para financiar la aportación estatal sin recurrir a deuda ni nuevos impuestos, la bancada propone una reasignación presupuestal proveniente de recortes a partidas destinadas a comunicación social, gastos de representación y asesorías externas.
Bajo las reglas de operación del programa federal Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, el Gobierno de México financia al 100 por ciento los apoyos bimestrales para niñas, niños y jóvenes de 0 a 29 años en todo el territorio nacional, así como para personas de hasta 64 años que habitan en municipios con población mayoritariamente indígena o afromexicana.
Para ampliar la cobertura de manera universal a toda la población de 30 a 64 años en zonas urbanas y mestizas, la Federación establece como requisito indispensable que los gobiernos estatales firmen un convenio de colaboración y aporten la mitad del financiamiento requerido.
Hasta el momento, el Gobierno del Estado de Chihuahua se ha mantenido fuera de dicho esquema federal argumentando limitaciones presupuestales derivadas de recortes en las participaciones federales y sosteniendo que la entidad atiende a este sector mediante programas propios de rehabilitación, entrega de aparatos funcionales, becas y apoyos directos operados a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común y el DIF Estatal.
