Ciudad Juárez, Chih.- A casi cuatro años de la tragedia registrada en el Centro de Reinserción Social número 3, las diez familias de los custodios asesinados durante el motín de enero de 2023 continúan a la espera de una resolución favorable en sus demandas de indemnización y reparación del daño, denunció la diputada local María Antonieta Pérez Reyes.
Tras sostener un encuentro de seguimiento y acompañamiento legal con las viudas de los elementos de seguridad, la legisladora criticó la falta de sensibilidad por parte de las instancias gubernamentales y reprochó que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado mantuviera una postura de litigio en contra de los deudos en lugar de agilizar los procesos compensatorios.
Pérez Reyes señaló de manera directa al ex titular de la dependencia, Gilberto Loya Chávez, a quien acusó de evadir el diálogo directo con las familias afectadas mientras el proceso legal se mantiene empantanado. Asimismo, cuestionó que los funcionarios responsables de la seguridad penitenciaria eludan la responsabilidad institucional derivada de las condiciones y la falta de protocolos de protección bajo las cuales laboraban los custodios al interior del penal estatal.
La congresista ratificó su compromiso de continuar respaldando a los familiares a través de su equipo jurídico, advirtiendo que no cesará en las gestiones hasta lograr que el Gobierno del Estado garantice el sustento económico y la justicia integral para los hijos y viudas de los agentes caídos en el cumplimiento de su deber.
