Chihuahua, Chih.- Durante la sesión ordinaria celebrada este martes en el Congreso del Estado, el Pleno aprobó por unanimidad la proposición presentada por el diputado Arturo Medina Aguirre, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, mediante la cual se exige a diversas instancias del Gobierno Federal una solución inmediata a los adeudos y a los cortes de energía eléctrica que afectan severamente a los productores agrícolas de la entidad.
El legislador denunció en tribuna que numerosas familias del sector rural cumplieron en tiempo y forma con sus trámites para la renovación de concesiones de agua; sin embargo, debido al rezago y la falta de respuesta de las autoridades federales, fueron excluidas injustamente del Programa Especial de Energía para el Campo (PEUA). Esta omisión administrativa ocasionó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejara de aplicar el subsidio correspondiente y comenzara a facturar el servicio con tarifas comerciales ordinarias.
Medina Aguirre calificó de inadmisible que un retraso burocrático se convierta en un castigo económico para los agricultores, generando adeudos de cientos de miles de pesos y derivando en suspensiones del suministro eléctrico en los sistemas de bombeo. Sostuvo que estas medidas agravan la difícil situación que ya enfrenta el campo chihuahuense a causa de la sequía prolongada, la escasez hídrica y el incremento generalizado en los costos de producción.
Con la aprobación formal del exhorto, el Congreso del Estado solicitó la intervención directa de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la CFE y las secretarías federales de Hacienda y Energía. La petición institucional exige reincorporar de manera inmediata a los productores afectados al PEUA, agilizar el trámite de concesiones pendientes y establecer mecanismos para revisar, refacturar o condonar los adeudos generados por causas ajenas a los agricultores.
Asimismo, el Poder Legislativo demandó a la CFE abstenerse de realizar nuevos cortes de energía en los pozos agrícolas mientras se regulariza la situación administrativa de los usuarios. Finalmente, se estableció un plazo de 30 días hábiles para que las dependencias federales informen al Congreso sobre las medidas implementadas y el avance en la atención a esta problemática que pone en riesgo la producción de alimentos y la economía regional.



