Chihuahua, Chih.- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, lanzó una dura crítica contra el Gobierno Federal y la dirigencia de Morena, a quienes acusó de mantener una red de protección oficial sobre mandatarios de su partido señalados por la justicia de Estados Unidos, afirmando que utilizan de forma sistemática a Chihuahua como un distractor político para encubrir dichos escándalos.
A través de un mensaje público, la mandataria chihuahuense subió el tono de sus declaraciones tras la reciente difusión de presuntos audios que involucran a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Campos Galván calificó las acciones de su homóloga como una traición a la patria, señalando que los registros sugieren que ofreció datos de seguridad nacional a agencias extranjeras con la intención de negociar inmunidad personal y frenar un proceso de extradición en su contra.
La titular del Ejecutivo en Chihuahua sostuvo que desde Palacio Nacional se busca desviar la atención pública atacando a su administración para limpiar la imagen del partido oficialista. En ese sentido, puntualizó que existen diferencias abismales entre las entidades, argumentando que mientras en Chihuahua se combate frontalmente al crimen organizado con la aplicación estricta de la ley, en estados gobernados por el oficialismo se recurre al pacto y al encubrimiento.
La denuncia de Campos Galván no se limitó a la frontera noroccidental. Volvió a poner sobre la mesa la situación de Sinaloa, acusando la abierta impunidad que rodea al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Recordó que existen señalamientos directos por parte de cortes federales estadounidenses que ligan a funcionarios sinaloenses con estructuras del narcotráfico, acusando que la Federación ha preferido cobijar a los implicados bajo una falsa retórica de defensa de la soberanía nacional en lugar de presentarlos ante la justicia.
Finalmente, la gobernadora enfatizó que no cuenta con ninguna investigación o cargo penal en el extranjero que condicione su actuar, por lo que exigió de manera enérgica al Gobierno Federal romper definitivamente el pacto con los grupos delictivos y aplicar el rigor de la ley penal a los funcionarios de la llamada cuarta transformación con la misma severidad con la que se persigue a los liderazgos de la oposición.
