Chihuahua, Chih.- La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, emitió un mensaje institucional en el que fijó una postura crítica frente a la estrategia de seguridad del Gobierno Federal, advirtiendo que las omisiones institucionales de la administración morenista y la protección a funcionarios vinculados con el crimen organizado ponen en riesgo la permanencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, así como la integridad territorial del país.
Durante su alocución, la mandataria chihuahuense manifestó su rechazo absoluto a cualquier tipo de intervención militar unilateral por parte de los Estados Unidos, luego de que el titular del Ejecutivo de ese país deslizara la posibilidad de emprender acciones bélicas en suelo mexicano contra los cárteles de la droga y sugiriera que no le importaría la desaparición del acuerdo comercial trilateral.
Campos Galván afirmó que la discusión internacional sobre una posible incursión extranjera o la cancelación del T-MEC no es fortuita, sino una consecuencia directa de la política de impunidad operada desde el régimen de la Cuarta Transformación. Sostuvo que el oficialismo protege y cobija a servidores públicos que cuentan con solicitudes de aprehensión y señalamientos de la justicia estadounidense por nexos con el narcotráfico, mientras que las fiscalías orientan sus esfuerzos a perseguir a quienes combaten la delincuencia.
En su reclamo, la titular del Ejecutivo estatal emplazó directamente a la Presidencia de la República a dejar de utilizar el discurso del patriotismo como un escudo ideológico para encubrir la infiltración delictiva en las estructuras de poder. Puntualizó que el verdadero entreguismo consiste en ceder el control político a las organizaciones criminales e instó al gobierno federal a entregar a la justicia al exgobernador Rubén Rocha Moya y a sus presuntos cómplices, así como a transparentar las investigaciones contra otros funcionarios señalados.
Finalmente, la gobernadora chihuahuense alertó que, de concretarse una ruptura comercial que afecte millones de empleos y familias o una vulneración de la frontera, la responsabilidad jurídica e histórica recaerá de forma exclusiva sobre el partido en el poder, por anteponer los intereses de su militancia por encima del Estado de derecho y la cooperación internacional.
