Ciudad Juárez, Chihuahua.— La adquisición de refacciones automotrices pactada por el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez mediante el contrato DCA/DMM/061-A/2024 exhibe fuertes indicios de sobreprecio, tarifas infladas por encima del valor comercial de las unidades, tabuladores duplicados sin sustento técnico y una adjudicación acelerada en el cierre del ejercicio fiscal, factores que despiertan serias suspicacias sobre el manejo de una bolsa presupuestal de 46 millones de pesos.
El acuerdo fue suscrito con la empresa foránea Mantenimiento 3 de la Baja, S.A. de C.V., constituida en Tecate, Baja California, tras el fallo de la licitación pública presencial CA-OM-025-A-2024 emitido el 29 de noviembre de 2024. A través del esquema de abastecimiento simultáneo, el municipio asignó a esta firma el primer lugar de la Partida 2 (refaccionaria menor) y el tercer lugar de la Partida 1 (refaccionaria mayor), es decir, se le compraron piezas mayores a pesar de no haber presentado la propuesta económica más barata en el concurso.
El análisis del Anexo Técnico de precios unitarios antes de IVA revela sobrecostos desproporcionados en refacciones mayores —motores, transmisiones, diferenciales y cremalleras— que en diversos casos igualan o superan el valor comercial completo de los vehículos usados que integran la flotilla oficial.
Uno de los ejemplos más críticos corresponde a las camionetas Chevrolet Silverado 2022 con motor 5.3 litros: el municipio aceptó pagar 73 mil 500 pesos por un motor, 50 mil 400 pesos por una transmisión, 40 mil 845.20 pesos por una diferencial y 37 mil 800 pesos por una cremallera. La suma de estas cuatro refacciones asciende a 202 mil 545.20 pesos sin impuestos, cifra que con el 16 por ciento de IVA alcanza los 234 mil 952.43 pesos por la reparación de una sola unidad.
La presunción de sobreprecio se agudiza al observar los saltos injustificados dentro de un mismo modelo. En la línea Chevrolet Silverado 2500 (motor 5.3), los modelos 2011 a 2013 tienen un motor cotizado en 34 mil 374.38 pesos y una cremallera en 7 mil 837.70 pesos; sin embargo, para exactamente el mismo vehículo en versiones 2015 y 2016, el costo del motor se dispara un 65 por ciento hasta los 57 mil 018.69 pesos, mientras que la cremallera se multiplica más de tres veces al pasar a 26 mil 243.69 pesos.
El mismo sobrecosto desmedido se replica en unidades utilitarias y sedanes compactos de bajo cilindraje. Para un Chevrolet Aveo 2012 (motor 1.6), cuyo valor en el mercado de autos usados oscila entre los 70 mil y 90 mil pesos, el tabulador fija un precio de 24 mil 205.06 pesos por el motor y 18 mil 221.07 pesos por la transmisión, lo que representa más de 49 mil pesos con IVA únicamente por dos componentes. En el caso de un Dodge Atos 2012 (motor 1.1), el motor fue cotizado en 13 mil 444.89 pesos y la transmisión en 9 mil 905.10 pesos, sumando casi 27 mil pesos ya con impuestos para un vehículo subcompacto con más de una década de antigüedad.
Tarifas clonadas y compra acelerada en el cierre de año
A estas tarifas elevadas se suma una estandarización artificial de precios que contradice la lógica del mercado automotriz. En las tablas del contrato, el proveedor cobró exactamente las mismas cifras —44 mil 100 pesos por motor, 32 mil 897.97 pesos por transmisión, 21 mil 922.40 pesos por diferencial y 15 mil 750 pesos por cremallera— para toda la flotilla de patrullas Dodge Charger Police de los años 2014 a 2022, pero aplicó idénticos montos al centavo para las camionetas pick-up Dodge RAM de los modelos 2017 a 2022 (tanto en motor 3.6 como 5.7) y para las camionetas de carga RAM ProMaster. Esta clonación de tarifas sin distinción de año, tracción ni ingeniería mecánica sugiere un tabulador inflado y carente de cotización real pieza por pieza.
El contexto temporal de la compra refuerza las sospechas de opacidad. La suficiencia presupuestal por 46 millones de pesos de gasto corriente se emitió el 7 de octubre de 2024, la solicitud formal de la Dirección de Mantenimiento Mecánico ingresó el 7 de noviembre, la autorización del Comité de Adquisiciones se aprobó cuatro días después y el fallo se resolvió el 29 de noviembre. Concretar un contrato plurianual o de alto impacto financiero en la recta final del año coincide con el periodo en que las administraciones municipales aceleran el gasto para evitar subejercicios antes del cierre contable de diciembre, reduciendo los tiempos de escrutinio público.
Finalmente, la falta de rigor en la fiscalización interna queda evidenciada en los errores básicos de captura que pasaron todos los filtros administrativos: en la totalidad del anexo técnico, los años de los vehículos aparecen registrados como cifras monetarias ($2,012.00 o $2,022.00) y el cilindraje de los motores fue asentado con signo de pesos ($1.60, $5.30 o $5.70). Pese a estas irregularidades y a los presuntos sobreprecios, el contrato fue avalado con la firma del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, la tesorera Dayira Raquel Fernández Martínez, la oficial mayor Rosa Angélica Alarcón y el secretario del Ayuntamiento Héctor Rafael Ortiz Orpinel.



