CIUDAD DE MÉXICO.- La Universidad Nacional Autónoma de México enfrenta una severa crisis institucional tras detectar anomalías masivas e indicios de fraude en su primer examen de admisión a licenciatura aplicado de manera remota. La disparidad en los resultados, donde los puntajes de excelencia superaron de forma atípica los promedios históricos, obligó a la máxima casa de estudios a suspender las inscripciones y ordenar la aplicación de un segundo examen de control presencial para 58 mil aspirantes.
La prueba en línea fue presentada como una apuesta de digitalización e inclusión encaminada a ahorrar recursos e integrar a postulantes de diversos estados y del extranjero sin necesidad de desplazarse a la capital. Para el proceso, celebrado entre mayo y junio con la participación de más de 158 mil aspirantes, la institución contrató por 36 millones de pesos los servicios tecnológicos de la empresa Territorium Life. La plataforma prometía un sistema blindado con inteligencia artificial, validación facial, bloqueo de navegadores y supervisión remota para evitar conductas indebidas.
Sin embargo, tras la publicación de los resultados el pasado 7 de julio, análisis de datos independientes y revisiones externas sacaron a la luz distorsiones estadísticas sin precedentes. Mientras que en procesos anteriores solo un 3 por ciento de los candidatos superaba los 100 aciertos de 120 posibles, en esta ocasión la cifra se disparó al 16 por ciento, mientras que los puntajes superiores a 110 aciertos se multiplicaron por seis.
Ante la gravedad del hallazgo, una comisión especial integrada por 16 expertos determinó que los candidatos seleccionados e investigadores con calificaciones destacadas deberán validar sus conocimientos en una evaluación extraordinaria a papel y lápiz. La medida busca garantizar el principio de excelencia, aunque ha desatado incertidumbre entre los alumnos afectados, protestas en la Torre de Rectoría y la suspensión temporal de los trámites de ingreso para otros 28 mil jóvenes procedentes del pase reglamentado.
El impacto político del episodio ya provocó la renuncia de la secretaria general de la universidad, Patricia Dávila, al tiempo que la comisión examinadora continúa las investigaciones para esclarecer si las irregularidades provinieron de fallas en el software de supervisión, la filtración previa de las respuestas o el uso indebido de herramientas tecnológicas durante la prueba. El caso ha reabierto el debate en el sector educativo sobre los límites y riesgos de los sistemas de evaluación digital masivos de alto impacto.



