Washington, D.C.- Más de 400 mil ciudadanos mexicanos enfrentan procesos abiertos de deportación en las cortes de inmigración de Estados Unidos, de los cuales menos del uno por ciento responde a acusaciones penales, de seguridad nacional o terrorismo, en un entorno judicial donde los jueces niegan dos de cada tres solicitudes de libertad bajo fianza a los migrantes detenidos.
De acuerdo con registros oficiales sistematizados por el Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Syracuse, con corte al mes de septiembre, existen 400 mil 915 juicios pendientes contra connacionales. De ese universo, únicamente 3 mil 274 expedientes se sustentan en delitos o amenazas a la seguridad, mientras que los 397 mil 641 restantes derivan exclusivamente de faltas administrativas migratorias, como haber ingresado sin inspección o exceder el tiempo de estancia autorizado.
Con estas cifras, México se posiciona como el segundo país con mayor volumen de casos rezagados en los tribunales migratorios estadounidenses, concentrando el 13.2 por ciento de los 3 millones 37 mil 800 procesos activos a nivel nacional. La lista es encabezada por Venezuela, con 480 mil 101 expedientes, y en tercer sitio se ubica Guatemala, con 221 mil dos casos.
A diferencia de los tribunales penales estadounidenses, el sistema de cortes migratorias opera bajo la jurisdicción del Departamento de Justicia como un procedimiento civil y administrativo, lo que significa que el Estado no está obligado a proporcionar un abogado de oficio a quienes no pueden pagarlo. Este factor agrava la vulnerabilidad jurídica de los migrantes: según datos del Instituto Vera de Justicia, cerca de 1.4 millones de casos pendientes —equivalentes al 47 por ciento del total— carecen de representación legal, porcentaje que se eleva a 49 por ciento entre las personas que permanecen bajo custodia.
El informe de TRAC muestra además que la carga procesal de connacionales alcanzó su máximo histórico en 2024, cuando superó los 500 mil expedientes acumulados. No obstante, el descenso observado hacia el cierre de 2026 no refleja necesariamente un aumento en los fallos favorables para los migrantes, sino una aceleración en las expulsiones. El Instituto Vera de Justicia reportó que durante los últimos 12 meses los jueces emitieron más de 730 mil órdenes de deportación en general frente a alrededor de 550 mil nuevos ingresos, lo que redujo estadísticamente el rezago.
Respecto a las condiciones en las que se desahogan los juicios, tener un proceso abierto no implica automáticamente permanecer privado de la libertad. Al cierre de septiembre, TRAC contabilizó 32 mil 622 personas detenidas con casos activos —aproximadamente el uno por ciento del padrón total de juicios—, por lo que la gran mayoría lleva su defensa en libertad fuera de los centros del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Sin embargo, para quienes sí son recluidos en centros de detención, el acceso a la libertad provisional se ha endurecido drásticamente. Al concluir el año fiscal 2026 en septiembre, la tasa de rechazo a las solicitudes de fianza alcanzó el 66 por ciento, superando el máximo previo de 65.4 por ciento registrado en 2005, según un análisis publicado por TRAC en octubre.
A pesar del endurecimiento de los criterios judiciales, los connacionales recibieron cerca de una cuarta parte de todas las fianzas aprobadas durante el último año fiscal, seguidos por ciudadanos de Guatemala y Venezuela. Tan solo en septiembre, los jueces concedieron 2 mil 646 fianzas en alrededor de 10 mil audiencias —la cifra mensual más alta en los últimos dos años—, fijando un monto promedio de 7 mil 500 dólares para que los detenidos puedan continuar su proceso en libertad.



