Chihuahua, Chih.- El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó reformas al Código Penal para incrementar las penas de prisión por homicidio y lesiones imprudenciales cuando el responsable conduzca en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas. La medida responde a la crítica situación de seguridad vial en la entidad, que actualmente ocupa el tercer lugar nacional en accidentes causados por el consumo de alcohol.
Según datos presentados por la diputada Edna Xóchitl Contreras Herrera, durante 2023 se registraron en el estado 26,559 accidentes viales, los cuales dejaron un saldo de 292 personas fallecidas y más de 6,500 lesionadas. Informes de la Unidad de Rescate de Gobierno del Estado (URGE) refuerzan la urgencia de la reforma, al señalar que hasta el 60 por ciento de los percances mortales están vinculados directamente con conductores ebrios.
Con las modificaciones a los artículos 138, 139 y 140, las nuevas sanciones quedan establecidas de la siguiente manera:
- Homicidio o lesiones por imprudencia: Se impondrán de uno a siete años de prisión si el conductor se encuentra en primer o segundo estado de ebriedad, se da a la fuga o excede el límite de velocidad por más de 30 km/h.
- Tercer estado de ebriedad: La pena aumenta de dos a nueve años de cárcel; si las víctimas son dos o más, el castigo escala hasta los diez años.
- Transporte público o de carga: En caso de conductores de servicios públicos, escolares o de personal bajo el influjo de sustancias, la condena será de tres a once años de prisión.
- Múltiples decesos en transporte: Si el accidente en transporte público resulta en la muerte de dos o más personas, las penas alcanzarán hasta los trece años de cárcel.
La iniciativa, impulsada de forma conjunta por el Grupo Parlamentario del PAN y la diputada Rosana Díaz Reyes de Morena, busca inhibir conductas de riesgo al volante y reducir la alta incidencia de víctimas mortales. Chihuahua destacó en las estadísticas de 2023 por sumar 135 conductores, 95 peatones y 56 pasajeros fallecidos en este tipo de incidentes, cifras que las autoridades legislativas calificaron como alarmantes para el estado.
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