Chihuahua, Chih.- El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó reformar el Código Penal y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para incorporar y castigar con penas de ocho a 15 años de prisión el delito de cohabitación forzada en menores de 18 años, contemplando además multas de mil a dos mil 500 días.
Durante la presentación del dictamen, la diputada Irlanda Márquez Nolasco, en representación de la Comisión de Justicia, alertó que México ocupa el octavo lugar a nivel global en esta práctica, mientras que estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas señalan que, al ritmo actual, erradicarla tomaría tres siglos.
La problemática representa una vulneración grave a los derechos humanos y a la salud pública que afecta de manera desproporcionada a niñas y adolescentes, exponiéndolas a escenarios de violencia, truncando su educación y frenando su desarrollo integral bajo esquemas que frecuentemente se mantienen invisibilizados al ocurrir fuera de los registros oficiales.
Como evidencia de la dimensión del problema en la entidad, las consideraciones del dictamen revelan que durante el año 2024 se registraron tres mil 114 nacimientos de madres menores de edad en Chihuahua. De ese total, en mil 873 casos el padre era mayor de edad, y en mil 228 registros las madres tenían menos de 14 años al momento del parto.
Ante este panorama, la legislación establece sanciones severas para cualquier persona que obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a un menor a unirse informalmente o por costumbre para mantener una convivencia constante similar a un matrimonio, sin importar que exista un supuesto consentimiento por parte de la víctima.
Asimismo, la normativa estipula que la pena se incrementará hasta en una tercera parte cuando el ilícito sea cometido por ascendientes, tutores o personas que tengan a su cargo la guarda y custodia de la víctima, agravando la sanción debido al abuso de la relación de confianza y responsabilidad.
Además del componente punitivo, el marco legal aprobado integra directrices preventivas y de atención para detectar de manera oportuna casos de cohabitación forzada, simplificar su denuncia ante el Ministerio Público y garantizar a las víctimas acompañamiento psicológico, jurídico y medidas especiales de protección que aseguren su integridad y eviten represalias.
