Chihuahua, Chih.- Guadalupe y Calvo y Moris figuran como los únicos de los 67 municipios del estado que mantienen focos rojos por la persistente incidencia de desplazamiento forzado, según informó el secretario de Comunidades y Pueblos Indígenas, Enrique Rascón Carrillo, al cierre de las labores semanales de atención a las familias afectadas.
La violencia en la Sierra Tarahumara ha impulsado este fenómeno desde inicios de año, con un repunte notable en 2025 que ha obligado a cientos de indígenas rarámuri y ódamis a abandonar sus hogares ante amenazas directas y balaceras entre grupos armados. En Guadalupe y Calvo, el municipio con el mayor registro de desplazados, las comunidades enteras han reportado un éxodo masivo que se agravó en julio, cuando organizaciones civiles denunciaron un «estado de guerra no declarada» en la región.
Familias en movimiento por amenazas constantes
Rascón Carrillo detalló que en estos dos municipios las familias enfrentan condiciones extremas, donde la inseguridad las empuja a refugiarse en zonas urbanas o con parientes lejanos. En Moris, el flujo de desplazados ha sido el más reciente y dinámico, con evaluaciones en curso para precisar el número exacto de personas impactadas, que podría ascender en los próximos días según las autoridades estatales. A diferencia de otros focos previos, como Cuauhtémoc o Hidalgo del Parral, donde núcleos familiares ya han regresado con medidas de protección, en Guadalupe y Calvo y Moris la tensión persiste sin señales de alivio inmediato.
El funcionario resaltó que el gobierno estatal ha intensificado las mesas de seguridad en la zona, con visitas operativas que incluyeron pláticas el lunes pasado con desplazados en Chihuahua capital y Parral, el martes en la ciudad de Chihuahua, el miércoles en Cuauhtémoc, y programadas para el fin de semana en Moris. Estas acciones buscan no solo mapear las necesidades, sino también coordinar con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para reforzar patrullajes y alertas tempranas.
Una vez detectado el desplazamiento, el protocolo estatal activa un esquema de atención inmediata que incluye alojamiento temporal, alimentos, atención médica y psicológica, además de orientación legal para documentar los casos ante instancias federales. Rascón Carrillo enfatizó que el objetivo es garantizar una estancia digna mientras se restauran las condiciones de seguridad en las comunidades de origen, un proceso que en casos anteriores ha tomado meses pero ha permitido retornos graduales en al menos una docena de localidades.
En el Informe Anual de Desplazamiento Interno presentado en septiembre, se registró un incremento en comunidades enteras afectadas, con la Sierra como epicentro de un conflicto que ha desplazado a más de mil personas solo en el último semestre. Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tarahumara han exigido mayor intervención federal, al tiempo que el gobierno local mantiene el diálogo interinstitucional para evitar que los focos rojos se expandan a otros municipios.
