Chihuahua, Chih. — El exgobernador y actual senador Javier Corral Jurado sufrió un revés judicial al negársele la suspensión provisional en el juicio de amparo que promovió contra la inmovilización catastral de su propiedad conocida como «La Cabaña», ubicada en una zona exclusiva de la Sierra Tarahumara, municipio de Ocampo.
De acuerdo con la resolución del Juzgado Décimo de Distrito en Chihuahua, el inmueble deberá permanecer bajo las restricciones actuales, ya que forma parte de una investigación penal en curso por presunto peculado agravado y daño al erario estatal durante su gestión como gobernador (2016-2021).
El juzgador argumentó que no se cumplen los requisitos legales para conceder la medida cautelar solicitada por la defensa del exmandatario. La inmovilización catastral, ejecutada por el Ministerio Público, se sustenta en los artículos 229, 230 y 233 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como una técnica de investigación para preservar elementos de prueba y evitar la disposición del bien mientras avanza el proceso.
Además, el fallo invocó el artículo 128 de la Ley de Amparo, que prohíbe otorgar suspensiones contra actos de esta naturaleza, al tratarse de medidas orientadas a salvaguardar el desarrollo de una indagatoria. Suspenderlas, precisó el juzgador, podría entorpecer el esclarecimiento de los hechos investigados, relacionados con el presunto desvío de recursos públicos por alrededor de 98.6 millones de pesos.
El caso cobró relevancia en enero de 2026, cuando la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua aseguró el inmueble para impedir su venta o transferencia, en el marco de la carpeta de investigación por peculado. Posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el proceso, lo que desplazó la competencia del fuero local.
Corral Jurado ha calificado el aseguramiento como «ilegal e inútil», y lo ha atribuido a motivaciones políticas. Sin embargo, con esta decisión federal, la propiedad continuará bajo estatus de aseguramiento preventivo mientras se desarrollan las etapas procesales penales correspondientes.
Este fallo representa un obstáculo en la estrategia legal del senador morenista para levantar las restricciones sobre el bien, en medio de las múltiples investigaciones que enfrenta por presuntas irregularidades en su administración estatal.
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