Ciudad de México.- El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La La Haya, Países Bajos, en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de diversas organizaciones criminales, solicitando que se investiguen las posibles responsabilidades penales individuales derivadas de lo que calificaron como pactos político-criminales implantados en el país.
El partido blanquiazul argumenta que la situación de inseguridad en la República no responde a desarrollos delictivos aislados, sino a una calculada y sistematizada colaboración permisiva por parte del Estado mexicano, fundamentalmente durante el periodo federal de 2018 a 2024. La denuncia señala la existencia de presuntos delitos de lesa humanidad reflejados en estadísticas que rebasan los 200 mil homicidios y las 150 mil desapariciones forzadas, además de fenómenos delictivos como el reclutamiento forzado de jóvenes y el desplazamiento de comunidades enteras a causa del narcotráfico.
De acuerdo con el documento presentado por la fuerza política de oposición, la estrategia federal de seguridad sintetizada en el lema de «abrazos, no balazos» se tradujo en una política deliberada de cesión de soberanía frente al crimen organizado. Acción Nacional sostiene que dicho marco de acción permitió un hiperempoderamiento de los carteles de la droga y una expansión de su control territorial, económico y político en entidades emblemáticas como Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán, permitiendo que las estructuras delictivas sustituyeran las funciones del aparato estatal en amplias zonas geográficas.
La dirigencia del PAN puntualizó que recurrir a la vía jurisdiccional global responde a que las autoridades judiciales mexicanas se encuentran cooptadas por el partido gobernante, Morena, lo que impide el desarrollo de indagatorias locales creíbles y autónomas. Por ello, instaron al organismo internacional a dar entrada a la querella para deslindar las conductas punibles conforme a los lineamientos del Estatuto de Roma que rigen la persecución de conductas sistemáticas contra la población civil.
El contenido de esta nota periodística contextualiza el debate y el procedimiento legal internacional promovido por la oposición respecto a las políticas de seguridad en el país.
