La noche del 1 de julio de 2017 el país durmió en paz.
Nadie cuestionó la elección de Andrés Manuel López Obrador, tal como el tabasqueño descalificó los triunfos de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón seis y 12 años atrás.
Antes de las nueve de la noche, Ricardo Anaya y José Antonio Meade habían aceptado su derrota en las urnas. Y López Obrador comenzó a gobernar en las horas y días siguientes.
“En las causas que nos son comunes (AMLO) contará con nuestro apoyo, en la agenda en la que disentimos encontrarán una oposición institucional y democrática”, dijo el panista en la misma noche de la elección.
El tabasqueño y la coalición encabezada por Morena aplastaron al PAN y al PRI en casi todo el país y modificaron la geografía electoral y del poder.
El resultado es irrefutable: 30 millones 113 mil 483 ciudadanos votaron a favor de López Obrador, el 53.19 por ciento de los sufragios emitidos, según el cómputo distrital del INE.
Anaya obtuvo 12.6 millones de votos (22.2 por ciento de la votación) y Meade 9.2 millones de sufragios (14.4 por ciento).
En 2012, Enrique Peña Nieto ganó la presidencia de la República con 19.1 millones de votos, el 38.15 por ciento de la votación.
En aquella ocasión, AMLO registró 15.8 millones de votos (31.6 por ciento del total de sufragios emitidos).
Los electores también concedieron a Morena y a López Obrador la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, la primera vez que ocurre desde 1994, cuando el priista Ernesto Zedillo ganó la presidencia y el PRI obtuvo la mayoría en las dos cámaras legislativas.
Desde entonces ningún partido político había alcanzado la mayoría simple.
Así, AMLO tendrá la mayoría suficiente para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación y cualquier reforma o nueva ley en la Cámara de Diputados.
Solo necesitará el voto de 28 diputados, sumados a los 302 que tendrá en San Lázaro, para modificar la Constitución federal o los nombramientos del auditor Superior de la Federación y de los consejeros del Instituto Nacional Electoral.
Morena contará con 185 diputados federales, 62 el Partido del Trabajo y 55 Encuentro Social. De un total de 500.
En la Cámara de Senadores, López Obrador dispondrá de 70 legisladores, de un total de 128: 55 de Morena, 9 del PES y 6 del PT.
Significa que los próximos acuerdos relacionados con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte serán votados en el sentido que indique AMLO.
Apenas tendrá que negociar el voto de 14 senadores de oposición para obtener la mayoría calificada en el nombramiento de magistrados, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la persona que ocupe la titularidad de la Procuraduría General de la República.
El 1 de julio se renovaron nueve gubernaturas. Morena y sus aliados ganaron cinco: Ciudad de México, con Claudia Sheinbaum; Veracruz, donde Cuitláhuac García Jiménez derrotó a Miguel Ángel Yunes Márquez; Tabasco, con Adán Augusto López Hernández; Chiapas, con Rutilio Escandón; y, Morelos, con el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco.
Con ese respaldo, López Obrador comenzó a gobernar al país de inmediato, aún sin contar con la declaración formal de de Presidente Electo.
El martes 3 de julio, al filo de las 11:00 horas, el presidente Enrique Peña Nieto recibió a AMLO en Palacio Nacional, con el objetivo de iniciar la ruta de la transición del gobierno. Se trataba del primer encuentro entre ambos desde el último debate presidencial de la campaña de 2012.
La reunión significó mucho más, considerando que en plena campaña el creador de Morena reiteró que no iba a investigar a Peña Nieto, señalado de ser cómplice de múltiples hechos de corrupción durante su mandato.
Días después AMLO anunció que se asignará un sueldo de 108 mil pesos mensuales “sin ningún tipo de compensaciones”, no aclaró si brutos o netos, una cantidad que representa 40 por ciento menos que los 270 mil pesos que percibe actualmente Peña Nieto.
También reiteró que serán canceladas las pensiones a los expresidentes de la República y que los 7 mil integrantes del Estado Mayor Presidencial regresarán a los cuarteles.
En el mismo contexto anunció los foros para trazar el Plan de Pacificación y Reconciliación Nacional, el primero de ellos en Ciudad Juárez, mientras que la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, adelantó que el tema de la legalización de la mariguana será sometido a consulta.
“Gobernar es el infierno”
“Ser oposición es el cielo, gobernar es el infierno”, dijo alguna vez el presidente Ernesto Zedillo al entonces dirigente nacional del PAN, Felipe Calderón.
La anécdota la recuerda la periodista Ivonne Melgar, una de las más experimentadas en la cobertura informativa del Congreso de la Unión, al referirse a la tentación de convertirse en una “aplanadora legislativa” en vez de buscar acuerdos con la oposición.
“Porque entre curules y escaños –escribió en Excélsior–, atestiguamos cómo los legisladores del PRI estaban conscientes de que en las urnas pagarían caro la homologación del IVA fronterizo y el gasolinazo; que los ‘moches del PAN’ eran una prerrogativa de todos los grupos parlamentarios con el visto bueno de la Secretaría de Hacienda; que el Pacto por México se pudrió por el pacto de impunidad”.
Al final, la pluralidad legislativa trasciende las narrativas de la unanimidad presidencial.
El aplastamiento
El 1 de julio Morena ganó 218 distritos (210 en coalición y 8 solo).
La coalición en cabezada por el PAN obtuvo 63 distritos. Acción Nacional, sin alianzas, registró victorias en cinco más 5.
La coalición encabezada por el PRI ganó en apenas 13 distritos y únicamente en uno sin coalición.
Morena tendrá 185 diputados federales, cuando en la legislatura que termina tiene 47.
La bancada del PAN será de 80 integrantes, de 107 que aún registra.
El PRD tendrá 20, de 53.
El PT contará con 67 curules y el PES con 55, de las 12 actuales.
MC 27 de 21; el PVEM 16 de 38, el
Panal 2 de 12.
El panorama del PRI será desolador en San Lázaro: apenas 45 diputados, de 204 que aún tiene.
En la Cámara de Senadores el acomodo será el siguiente:
El PRI contará únicamente con 13 senadores, de 55 que actualmente tiene.
Morena pasará de cero a 55 escaños.
El PAN ocupará 23 espacios, de 34; el PRD 8, de 6; el PVEM 6, de 5; el PT 7, de 19; MC 7; PES 7; y, el Panal 1.
El 11 de julio AMLO se reunió con los diputados y senadores electos por Morena y de la coalición Juntos Haremos Historia.
A ellos les adelantó las primeras iniciativas que impulsará en la próxima legislatura.
Volverá a existir la Secretaría de Seguridad Pública, revocará leyes de la llamada reforma educativa, elevará a delitos graves los relacionados con corrupción, fraude electoral y robo de combustibles, la eliminación del fuero y la eliminación de privilegios a presidentes, gobernadores y legisladores, entre otros.
También propondrá una ley sobre voluntad anticipada.
Adiós delegados
Una de las primeras medidas polémicas anunciadas por López Obrador es la eliminación de los delegados federales en los estados, para colocar a un coordinador que sea enlace con los gobiernos estatales.
Sobre el tema, escribió Juan E. Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO):
“Si los eventuales delegados del gobierno federal en las entidades de la República pueden dar el brinco a ser candidatos de Morena a las respectivas gubernaturas, el federalismo mexicano se irá por una coladera. Los actuales gobernadores dejarán de ser señores feudales para convertirse en monarcas ornamentales. Alfredo del Mazo y Javier Corral acabarán convertidos en una versión masculina de la reina Isabel, una figura simbólica con una nula responsabilidad ejecutiva y una cargada agenda protocolaria. El 86{1735f8c4d45cf8a7c22ecbf90211e3be8db77eaf7294ee842f16f03e71870070} de los ingresos estatales proviene de transferencias federales.
Los delegados tendrán esa bolsa para construir redes de apoyo para el siguiente ciclo electoral. El Federalismo Mexicano RIP”.
El analista Raymundo Riva Palacio en El Financiero, también cuestionó el anuncio.
“Desde la presidencia se coordinarán 32 delegados federales que serán sus representantes políticos, que actuarán como los viejos jefes políticos del porfiriato.
Bajo el pretexto de que se trata de una medida de austeridad, elimina los delegados federales que cada dependencia tenía en cada entidad, con lo que cambiará el convenio de coordinación fiscal mediante el cual el gobierno entrega recursos a los estados a través de partidas presupuestales, para hacerlo mediante los coordinadores –manejados por Gabriel García, que era secretario de organización de Morena–, minando el federalismo al ser ellos quienes por fuera de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, distribuyan los dineros y asignen los programas”.
Según Riva Palacio, “otra pinza estratégica de control y poder de López Obrador es que en el siguiente sexenio la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda concentrará todas las compras gubernamentales, con el propósito declarado de ser una medida para eliminar la corrupción”.
Al Diablo el INE
El 18 de julio de 2017, el Consejo General del INE acordó aplicar una multa por 197 millones de pesos por la constitución del Fideicomiso Por los Demás, creado a después del sismo del 19 de septiembre de 2017.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ciro Murayama, dijo que mediante ese mecanismo Morena obtuvo 78.8 millones de pesos de financiamiento alterno a las reglas establecidas por la ley, a través de depósitos en efectivo, cheques de caja transferencias bancarias y SPEI.
Según Murayama, el dinero fue cobrado por 56 legisladores y candidatos relacionados con Morena.
“Se trató de un grupo de personas organizadas alrededor del mismo partido político, toda una trama de financiamiento paralela, eso tiene un nombre: se llama fraude a la ley. La sanción es de 197 millones de pesos que representan el 250 por ciento de los ingresos recibidos”, explicó el consejero.
La multa no le gustó al próximo presidente de la República, quien descalificó al INE en su cuenta de Twitter.
“La multa impuesta por INE a Morena por 197 mdp es una vil venganza. No existe ningún acto inmoral con el fideicomiso a damnificados por el sismo”, posteó López Obrador.
“Nosotros no somos corruptos ni cometimos ilegalidad. Por el contrario, buscan enlodar una acción humanitaria. Acudiremos a tribunales”, agregó.
Para Juan E. Pardinas, “si este mensaje del futuro presidente es una muestra de su actitud frente a las decisiones adversas de los organismos autónomos, esto es una muy mala noticia”.
“AMLO debe hacer un esfuerzo estratégico por no parecerse a Donald Trump. Ese tweet no le ayuda en nada”, añadió.
Abundó: “¿Qué podemos esperar ante una sentencia adversa de la Corte o un alza de tasas del Banco Central? ¿Más trumpadas o la serenidad que se requiere para gobernar a la decimoquinta economía más grande del mundo y la sexta democracia más poblada del planeta?”
Cambiar para seguir igual
En sus propuestas, López Obrador ha omitido pronunciarse sobre la eliminación de senadores y diputados federales plurinominales, así como la reducción legal del financiamiento a partidos políticos para acabar con los privilegios de la elite política.
El académico Luis Rubio describió esa problemática en un articulo publicado por Reforma:
“El sistema político post revolucionario se apuntaló en la asignación de privilegios, que se han preservado en formas por demás creativas. No son sólo los puestos que crean oportunidades de corrupción con plena impunidad o los contratos y concesiones de siempre, sino incluso los mecanismos de asignación de senadurías y diputaciones que permiten que sigan estando ahí los de siempre, dedicados a sus intereses personales y partidistas en lugar de atender a la ciudadanía”.
Agregó: “Si AMLO quiere cambiar al país -el mandato de las urnas- la disyuntiva es muy clara: abrir el sistema político para quitárselo a los políticos y sus favoritos y transferírselo en vez a la ciudadanía; o intentar recrear el viejo sistema político con su presidencia imperial, algo imposible por la realidad de diversidad y complejidad poblacional y económica actuales”.
Un plan arriesgado
El 13 de julio, AMLO presentó el “Plan 50”, que incluye ese número de medidas de austeridad que aplicará el próximo gobierno.
Para Carlos Elizondo Mayer-Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, algunas propuestas se oyen bien, pero su instrumentación puede ser un problema.
El documento de AMLO propone: “Se reduce toda la estructura de confianza en un 70 por ciento de personal y del gasto de operación”.
“Sin embargo, sin ese personal, en algunas áreas nadie va a hacer el trabajo”, escribe Elizondo Mayer-Serra en Excélsior. “El personal sindicalizado no está capacitado para ciertas tareas, muchas veces no tiene la actitud correcta y no se le puede despedir si no hace bien las cosas”, agrega.
También considera algunos lineamientos como equivocados.
Por ejemplo, suprimir “todas las estructuras y programas duplicados (oficialías mayores, oficinas de prensa, publicaciones, defensorías jurídicas, compras, contraloría interna y otras) y estas funciones o programas se centralizarán en una sola unidad o coordinación, dependiente de la secretaría relacionada con los asuntos en cuestión”.
“La congestión en la toma de decisiones llevará, por ejemplo, a perder juicios de toda índole. Esta congestión vendrá aparejada con la descentralización administrativa, es decir, mandar fuera de la Ciudad de México a casi todas las dependencias federales. Esto es costoso y generará descoordinación”, explica el académico.
Otros planteamientos son “muy riesgosos”, afirma.
Se refiere a la reforma legal “para considerar delitos graves el tráfico de influencia, la corrupción […] las penas no permitirán al inculpado la obtención de la libertad bajo fianza”.
“Si bien urge disminuir la impunidad –advierte–, ¿hace sentido eliminar la prisión preventiva para un delito tan ambiguo como el tráfico de influencias? Es fácil acusar de esto a un adversario y mantenerlo en la cárcel un largo tiempo mientras prueba su inocencia”.
En contraste, la propuesta para reducir un 50 por ciento el presupuesto para publicidad oficial recibió el respaldo del colectivo #MediosLibres, conformado por 85 organizaciones civiles, académicas, empresariales, expertos, medios de comunicación y periodistas.
No obstante, el grupo expone que se requiere acompañar esta reducción con criterios y reglas objetivas, claras y transparentes para su asignación.
“Desde el colectivo #MediosLibres reconocemos que el Plan de austeridad y combate a la corrupción del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, considera –en su punto 29– una disminución de 50 por ciento en el gasto en comunicación social”, de acuerdo con el colectivo.
El presupuesto aprobado será de dos mil millones de pesos para publicidad oficial en 2019, contra los más de cuatro mil millones de pesos aprobados para 2018 y los nueve mil millones de pesos que en promedio ha gastado por año el gobierno de Peña Nieto.
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