Ciudad de México.- La reforma judicial y la entrada en funciones de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 1 de septiembre han generado una serie de retos y problemas de rezago en el Poder Judicial mexicano. La SCJN pasó de 11 a 9 ministros, y las dos salas especializadas (una para asuntos penales y otra para asuntos civiles, administrativos y laborales) fueron eliminadas. Ahora, todos los asuntos serán resueltos por el Pleno.
Cada ministro enfrentará una mayor cantidad de expedientes, ya que no habrá división por especialidad. Esto podría agravar el rezago de más de 1,500 casos pendientes heredados de la Corte anterior.
Con menos ministros, formar mayorías para dictar sentencias será más complicado, especialmente en temas políticamente sensibles o de alta complejidad.
La presión por resolver rápidamente podría llevar a decisiones menos estudiadas, afectando la calidad de las sentencias, como advirtió Juan Jesús Garza Onofre, investigador de la UNAM.
Rodrigo Brito Melgarejo, profesor de la UNAM, señala que la eliminación de las salas contradice el objetivo de la reforma de agilizar la justicia, ya que el Pleno podría convertirse en un cuello de botella.
Rezago de Casos
Los ministros salientes dejaron más de 1,500 asuntos sin resolver, un problema que los nuevos ministros heredarán. Este rezago podría aumentar debido a la falta de experiencia: Seis de los nueve ministros (María Estela Ríos González, Giovanni Figueroa Mejía, Irving Espinoza Betanzo, Arístides Guerrero García, Sara Herrerías Guerra y Hugo Aguilar Ortiz) llegan por primera vez a la Corte, lo que implica una curva de aprendizaje significativa, según Garza Onofre.
Los nuevos ministros deberán analizar expedientes heredados mientras reciben nuevos casos, lo que podría retrasar aún más las resoluciones.
Brito advierte que, si los ministros solo firman proyectos de sentencia sin estudiarlos a fondo, el rezago podría abordarse de manera superficial, afectando la calidad de la justicia.
Falta de experiencia y trayectoria jurisdiccional
Por primera vez, en 2025, los mexicanos eligieron a ministros, magistrados y jueces mediante voto popular, un cambio radical frente al sistema anterior basado en méritos, exámenes y experiencia jurisdiccional.
A excepción de las tres ministras que repiten (Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama), los nuevos integrantes carecen de experiencia en el funcionamiento interno de la Corte, lo que podría afectar la eficiencia y calidad de las resoluciones.
Algunos nuevos ministros no cuentan con un historial sólido en el ámbito judicial, lo que podría complicar la adaptación a las dinámicas de la Corte. Garza Onofre destaca que esta transición abrupta no garantiza una mejora inmediata en la justicia, calificando como “falaz” la idea de una Corte completamente renovada.
La falta de familiaridad con los procesos de la Corte podría retrasar la resolución de casos y generar errores en la interpretación de precedentes o leyes.
Tensiones administrativas
La reforma de 2024 separó la presidencia de la SCJN de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que antes recaía en la misma persona. Ahora, un nuevo órgano de administración judicial manejará las decisiones presupuestales y administrativas.
Brito alerta sobre posibles choques entre la presidencia de la Corte (Hugo Aguilar Ortiz) y el nuevo órgano administrativo, especialmente si no hay capacidad para generar consensos.
La reconfiguración administrativa podría generar incertidumbre sobre quién tiene la última palabra en temas clave como el presupuesto o la gestión de recursos humanos en el Poder Judicial.
México ha logrado avances en derechos como la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario, respaldados por precedentes de la SCJN. Sin embargo, la nueva composición de la Corte genera preocupaciones:
Aunque la Constitución prohíbe retrocesos en derechos humanos, Brito señala que la Corte tiene la última palabra en la interpretación de la ley. Ejemplos internacionales, como la revocación de Roe v. Wade en Estados Unidos, muestran que los precedentes pueden revertirse.
Garza Onofre advierte que los nuevos ministros podrían ignorar o reinterpretar precedentes, lo que podría llevar a una “pendiente resbaladiza” en temas de derechos humanos.
La inexperiencia de algunos ministros podría influir en decisiones que no respeten los estándares de derechos humanos establecidos, especialmente en casos complejos.
Legitimidad del Poder Judicial
La reforma buscaba legitimar al Poder Judicial mediante la elección popular, pero Brito subraya que ahora la Corte debe legitimarse a través de sus sentencias. Esto implica que las resoluciones deben respetar los derechos y libertades de las personas para ganar la confianza de la ciudadanía.
Garza Onofre teme que la Corte recurra a un “populismo judicial”, enfocándose en casos mediáticos para generar una percepción de cambio, sin abordar problemas estructurales.
La falta de claridad sobre cómo funcionará la nueva Corte en los próximos años genera un escenario de incertidumbre, según Garza Onofre. Esto podría minar la confianza en el sistema judicial.
México se convirtió en el único país del mundo en elegir a todos sus jueces, magistrados y ministros por voto popular, lo que ha generado debate internacional. Algunos ven esta medida como una forma de democratizar la justicia, mientras que otros, incluyendo colegas de América Latina, expresan preocupación por la posible influencia de intereses políticos o criminales en el sistema judicial.
Además de los nueve ministros, la reforma introdujo 872 nuevos cargos (magistrados electorales, de circuito y jueces de distrito), todos elegidos por voto popular, lo que amplifica los retos de inexperiencia y adaptación.
La adaptación de los nuevos ministros y jueces será crucial para reducir el rezago y garantizar la calidad de las resoluciones.
La presidencia de Hugo Aguilar Ortiz enfrentará el desafío de liderar una Corte diversa y con poca experiencia, buscando acuerdos tanto internos como con el nuevo órgano de administración judicial.
La sociedad civil y los expertos estarán atentos a las decisiones de la Corte para evitar retrocesos en derechos fundamentales.
La nueva SCJN enfrenta retos estructurales (sobrecarga de trabajo, eliminación de salas), operativos (rezago, inexperiencia) y de legitimidad (confianza ciudadana, posibles retrocesos en derechos). La incertidumbre domina el panorama, y el éxito de la reforma dependerá de la capacidad de los nuevos ministros para adaptarse, generar consensos y emitir sentencias que respeten los principios constitucionales. Como señala Garza Onofre, el riesgo de un “populismo judicial” y la falta de experiencia podrían desviar la justicia de su propósito histórico, mientras que Brito enfatiza la necesidad de que la Corte se legitime a través de un trabajo sólido y respetuoso de los derechos humanos.
