Ciudad Juárez, Chih.- El proceso para impulsar la revocación de mandato contra el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, alcanzó un nuevo punto de confrontación institucional. El promovente ciudadano Jesús Saláis denunció públicamente que el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) se niega a recibir y procesar un paquete que contiene las 57 mil firmas requeridas para activar la consulta popular en la frontera.
De acuerdo con el promovente, la postura del órgano electoral local responde a un intento deliberado de frenar el mecanismo ciudadano para proteger la continuidad del edil de Morena. Saláis sostuvo que la autoridad electoral ha puesto trabas administrativas continuas, dilatando la validación del apoyo popular y evitando la apertura formal del periodo de verificación que exige la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua.
Acusaciones de parcialidad y amparo institucional
La queja del colectivo ciudadano señala que el IEE opera con una doble vara al momento de evaluar los requisitos normativos, beneficiando indirectamente a la administración municipal. Los activistas argumentan que, tras haber completado el esfuerzo de movilización y recolección del apoyo que representa el 5 por ciento del listado nominal del municipio de Juárez, el instituto busca desacreditar el formato o la vía de entrega para postergar los plazos legales de la consulta.
Ante la falta de recepción formal de los folios y respaldos por parte de los funcionarios de la asamblea electoral, Saláis y sus simpatizantes advirtieron sobre la posibilidad de elevar la protesta mediante acciones de presión en las sedes de la autoridad electoral, además de acudir a las instancias jurisdiccionales mediante un juicio para la protección de los derechos político-electorales ante el Tribunal Estatal Electoral.
La postura técnica de la autoridad electoral
Por su parte, los criterios que rigen al Instituto Estatal Electoral señalan que los mecanismos de participación ciudadana están sujetos a lineamientos estrictos para la captación de apoyos. Entre estos criterios destacan el uso de aplicaciones móviles autorizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para cotejar en tiempo real la vigencia de la credencial de elector y evitar registros duplicados o de personas fallecidas.
El árbitro electoral ha reiterado en situaciones similares que la revisión de la procedencia de una revocación de mandato exige el cumplimiento rigorista del marco constitucional, argumentando que cualquier avance sin el procedimiento de validación adecuado expondría el ejercicio a impugnaciones de invalidez por parte de los actores jurídicos del ayuntamiento.
