Ciudad de México.- El Partido Verde Ecologista de México ha consolidado su posición como un aliado clave y rentable de la Cuarta Transformación tras seis años de asociación, experimentando un crecimiento electoral que lo ha llevado del 4.78 por ciento de los votos obtenidos en 2018 al 8.39 por ciento en 2024. Este incremento se refleja en un aumento significativo de su presencia legislativa y gubernamental, al pasar de no gobernar ninguna gubernatura en el pasado a perfilarse para competir por cuatro gubernaturas en los comicios de 2027, además de contar con prerrogativas que ascienden a mil 200 millones de pesos.
El crecimiento de esta fuerza política se evidencia en los resultados alcanzados a nivel nacional durante el proceso de 2024, donde consiguió una bancada de 62 diputados federales y 14 senadores, además de expandir su administración municipal de 75 a 217 alcaldías en todo el país. Para el próximo proceso electoral, la dirigencia del partido, encabezada por Karen Castrejón, ha anunciado la postulación de perfiles en distintas entidades, destacando la nominación de la senadora Jasmine Bugarín para Nayarit, y el respaldo al senador Eugenio Segura en Quintana Roo, a Manuel Cota en Baja California Sur, y a la senadora Ruth González en San Luis Potosí.
En contraste con el avance del Partido Verde, el Partido del Trabajo ha enfrentado mayores complicaciones en su integración a las candidaturas en coalición, quedando fuera de postulaciones clave como en Nuevo León con la aspiración de Gloria Flores, o en Baja California Sur, donde la dirigencia de Morena optó por otorgar la candidatura a Manuel Cota a pesar de las gestiones del PT a favor de Christian Agúndez. Asimismo, aspirantes petistas en estados como Michoacán, Quintana Roo y Chihuahua no obtuvieron los nombramientos esperados, lo que ha llevado al partido a valorar opciones como competir de manera individual en Zacatecas con la senadora Geovanna Bañuelos.
Paralelamente, la dirigencia nacional de Morena, a cargo de Ariadna Montiel, ha admitido la necesidad de ajustar y definir criterios políticos en las encuestas para la selección de candidaturas de cara a 2027. Ante los cuestionamientos sobre la falta de transparencia en los sondeos internos, la dirigencia reconoció que la definición de los perfiles responde a criterios políticos de representación y arraigo popular, señalando que los procesos buscan equilibrar el conocimiento ciudadano con el desempeño y la cercanía territorial de los aspirantes.
