El agua también ahoga políticamente
La destitución de Marco Chávez Torres de la dirección ejecutiva de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Jiménez terminó convertida en un enfrentamiento público que exhibió mucho más que la salida de un funcionario. El martes 17 de noviembre, después de iniciar su jornada laboral con normalidad e incluso ofrecer una rueda de prensa para anunciar descuentos destinados a regularizar adeudos de usuarios, Chávez recibió la notificación de su despido. La reacción fue inmediata: firmó de recibido, pero «bajo protesta», anunció que recurriría a las instancias legales y dirigió una andanada de insultos contra Mario Mata Carrasco, director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS). Lo que parecía un relevo administrativo terminó convertido en un choque de versiones, acusaciones y descalificaciones que obligó a la dependencia estatal a salir a defender públicamente la decisión.
El exalcalde sacó las uñas
Chávez Torres no se fue precisamente por la puerta de atrás ni con el agradecimiento institucional que suele acompañar los relevos burocráticos. En una transmisión difundida en sus redes sociales, arremetió directamente contra Mario Mata, a quien llamó «mentiroso», «patán» y «vato ojete», además de lanzarle una expresión particularmente ofensiva: «Yo le digo que chingue su madre». El exdirector sostuvo que no estaba dispuesto a avalar un documento que, desde su perspectiva, contenía argumentos infundados y podía perjudicar su trayectoria, su reputación y hasta a su familia. También reclamó que no se le hubiera concedido derecho de audiencia para responder a los señalamientos antes de su separación. La explosión verbal tiene una lectura política: Chávez no solamente cuestionó su despido, sino que decidió llevar su inconformidad al terreno personal, colocando a la dirigencia estatal del organismo en el centro de una confrontación que difícilmente podrá resolverse con un simple comunicado.
Mario Mata no decidió solo
La Junta Central tuvo que salir a explicar que la destitución no fue una ocurrencia personal de Mario Mata, como podría desprenderse de la confrontación entre ambos personajes. El director técnico de la JCAS, Ramsés López Mendoza, explicó que la solicitud formal de remoción fue presentada por el director ejecutivo ante el Consejo de Administración, instancia que tiene facultades para nombrar y separar a los titulares de las juntas operadoras, conforme a los artículos 13 Bis y 20 Quinquies de la Ley del Agua del Estado de Chihuahua. La precisión no es menor: Mata impulsó el procedimiento, pero la resolución correspondió al órgano colegiado. Con ello, la dependencia buscó colocar la decisión en el terreno institucional y no en el de una supuesta vendetta personal. Sin embargo, que exista una facultad legal para remover a un funcionario no significa que desaparezcan las preguntas sobre las razones, los tiempos y las circunstancias políticas que rodearon su salida.
Las cuentas que no cuadran
Y si algo le dio municiones a la Junta Central para justificar el despido fueron los indicadores financieros y operativos de la JMAS de Jiménez. Según las cifras presentadas por Ramsés López, la eficiencia global del organismo cayó de 34 por ciento en 2024 a 31.52 por ciento en septiembre de 2026; la eficiencia de cobranza se desplomó de 91.68 a 67.26 por ciento, mientras que el rezago financiero aumentó de 43.4 a 55.3 millones de pesos. La eficiencia comercial también retrocedió de 78.47 a 65.62 por ciento. No son precisamente números para presumir una administración exitosa. La Junta Central aseguró que había solicitado propuestas de mejora a los organismos con resultados desfavorables y que en Jiménez no encontró avances suficientes. Aquí aparece una pregunta incómoda para Chávez: ¿cómo explicar semejante deterioro sin asumir alguna responsabilidad administrativa? Y otra para la JCAS: ¿por qué permitió que esos indicadores se deterioraran durante tanto tiempo antes de tomar cartas en el asunto?
La obra que encendió la mecha
Pero el conflicto tiene otro ingrediente bastante más delicado: las obras de introducción de agua potable y alcantarillado en las colonias Franco Guzmán y Unión Antorchista. Chávez Torres había cuestionado presuntas irregularidades en esos trabajos, tanto por sus condiciones de ejecución como por aspectos relacionados con los terrenos y las conexiones domiciliarias. La JCAS respondió que el proyecto fue elaborado bajo sus especificaciones y lineamientos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y que contrató al perito externo certificado Jesús Valle Salvalandía para revisar la infraestructura. El dictamen, fechado el 10 de noviembre y realizado con intervención de una notaria pública, concluyó que los trabajos cumplían con las especificaciones técnicas autorizadas. Además, la dependencia presentó un oficio municipal del 4 de agosto de 2025 para acreditar la propiedad de los terrenos y recordó que el propio Chávez firmó el acta de entrega-recepción de las redes sin registrar observaciones técnicas. Es decir, la Junta Central no solamente rechazó sus acusaciones: presentó documentos con los que pretende desarmar la versión del exdirector.
Los 22 mil pesos bajo sospecha
Otro asunto que merece atención es la inconformidad relacionada con un supuesto cobro cercano a los 22 mil pesos por las conexiones domiciliarias en las colonias beneficiadas. La Junta Central reconoció que durante las verificaciones algunos habitantes manifestaron preocupación por esa cantidad, pero aclaró que esas expresiones no constituyen por sí mismas evidencia de que el cobro se haya realizado. Insistió en que cualquier contratación debe ajustarse a las tarifas oficiales. También recordó que las obras buscan atender una demanda de más de dos décadas de familias que carecían de esos servicios. Aquí no basta con que una parte acuse y la otra presente un dictamen técnico: si existen dudas sobre los costos que deben cubrir los habitantes, lo procedente es transparentar tarifas, contratos, presupuestos y condiciones de conexión. El agua potable no puede convertirse en un negocio de incertidumbres para quienes llevan años esperando que les llegue hasta sus viviendas.
Los micromedidores y la otra diferencia
La explicación de la JCAS incorporó además un elemento que no había ocupado el mismo espacio en la primera reacción pública: la negativa de Chávez Torres a participar en la adquisición de micromedidores comprometida dentro del Programa de Estímulos de Agua y Saneamiento. De acuerdo con Ramsés López, después de modificaciones autorizadas por Conagua permaneció el compromiso de adquirir esos equipos, cuya falta de cumplimiento podía afectar las acciones de otros organismos participantes en Chihuahua. La Junta Central sostuvo que tuvo que intervenir para evitar ese escenario. Este señalamiento abre otro frente de discusión: la administración de un organismo operador no se limita a mantener abiertas las oficinas o anunciar descuentos para usuarios morosos; implica cumplir compromisos financieros, técnicos y de coordinación institucional. Si Chávez consideraba improcedente esa adquisición, tendría que explicar públicamente por qué. Si la JCAS tenía razón, también debe demostrar que las decisiones se tomaron con criterios técnicos y no como instrumentos para construir expedientes de remoción.
Un despido que todavía dará pelea
La JCAS ya fijó su postura y defendió la legalidad de la destitución, pero Chávez Torres anunció que impugnará los argumentos de su separación y aseguró que durante su gestión había denunciado anomalías internas ante el Órgano Interno de Control. Ese señalamiento tampoco puede quedar en el aire. Si existen denuncias, deben revisarse; si hay responsabilidades, deben establecerse, y si los documentos de la Junta Central resisten el escrutinio, también tendrá que quedar demostrado. Mientras tanto, la dependencia dejó el despacho de Jiménez bajo una encargaduría provisional y anunció que el Consejo de Administración definirá al nuevo titular mediante una terna. El episodio deja a Mario Mata obligado a sostener con expedientes lo que su área técnica ya defendió públicamente, y a Chávez ante la disyuntiva de demostrar que su despido fue injustificado o terminar exhibido por los mismos indicadores y documentos que hoy lo colocan contra la pared. En este pleito nadie puede conformarse con ganar la guerra de insultos: lo que está en juego es el manejo de un organismo público y, sobre todo, el servicio de agua que reciben los habitantes de Jiménez.



