Ejido Benito Juárez, Chihuahua.- Habitantes e integrantes del ejido Benito Juárez, en el municipio de Buenaventura, Chihuahua, lanzaron un pronunciamiento en video para exigir la intervención directa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de frenar un proyecto de explotación minera que amenaza con reactivar viejos conflictos sociales y agotar los escasos recursos hídricos de la región.
Los ejidatarios, cuya economía y sustento dependen enteramente de la agricultura y la ganadería tradicional, dieron un no rotundo a la incursión extractiva, advirtiendo que la prioridad absoluta de la comunidad es conservar el agua disponible para la subsistencia de sus cultivos y hatos ganaderos frente a la severa escasez.
La comunidad hizo un llamado urgente para evitar que una nueva tragedia ensombrezca su territorio, recordando que la resistencia local cumple ya catorce años marcada por la memoria de la defensa agraria y por el trágico homicidio de los activistas Ismael Solorio Urrutia y su esposa Martha Manuela Solís Contreras, emblemáticos dirigentes de El Barzón asesinados en octubre de 2012 tras oponerse al proyecto minero de capital canadiense conocido en la zona como Cinco de Mayo.
El fantasma de la reactivación y la división comunitaria
El conflicto cobró fuerza recientemente luego de que se intentara impulsar un proceso de votación interna en la asamblea ejidal para autorizar el ingreso de propuestas corporativas interesadas en extraer plata, plomo, zinc y oro, ofreciendo a cambio obras de infraestructura y suministro de agua.
Sin embargo, los productores agrícolas y ganaderos rechazaron tajantemente estas ofertas, advirtiendo que la minería intensiva pondrá en riesgo crítico los mantos acuíferos del Valle de Buenaventura y romperá el pacto comunitario que, durante más de una década, mantuvo vetada cualquier incursión extractiva en respeto a la sangre derramada por sus defensores caídos.
Exigencia de justicia y protección federal
Ante el riesgo de una nueva escalada de tensiones y presiones corporativas, los pobladores insistieron en que su principal demanda es la preservación del tejido social, la protección del agua para el campo y el respeto absoluto a los acuerdos de su Asamblea. Confiados en la respuesta del gobierno federal, los habitantes de Benito Juárez buscan que la administración federal proteja sus derechos agrarios y ambientales, asegurando que la memoria de sus líderes no quede sepultada bajo los intereses mineros.
