Washington, D.C.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes nuevas sanciones contra tres integrantes del Cartel del Noreste (CDN), entre ellos un abogado y un supuesto activista de derechos humanos, así como contra dos casinos en Tamaulipas que operan como fachada para el blanqueo de dinero, depósito de drogas y torturas.
Las medidas, emitidas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), congelan todos los bienes y propiedades en territorio estadounidense de Juan Pablo Penilla Rodríguez, Jesús Reymundo Ramos Vázquez y Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”. También sanciona a la empresa Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V. (CAMSA), propietaria del Casino Centenario en Nuevo Laredo y del Casino Diamante en Tampico.
Según el comunicado oficial, el Casino Centenario es utilizado por el cartel como almacén de pastillas de fentanilo y cocaína, punto de lavado de dinero a través de las apuestas y espacio para torturar e intimidar a rivales en sus trastiendas. “Muchos miembros del CDN frecuentan el Casino Centenario”, detalla el documento.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, a través de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), informó que detectó graves inconsistencias entre los ingresos reportados y los movimientos millonarios en efectivo de los señalados y de CAMSA. Por ello, presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales. Además, remitió la información a la Dirección General de Juegos y Sorteos para la suspensión inmediata de las actividades de ambos casinos.
Roles específicos de los sancionados
De acuerdo con la OFAC, “Crosty” (Islas Valdez) es el responsable de las operaciones de tráfico de personas del cartel en Nuevo Laredo. Supervisa a los “pateros”, autoriza el cruce de migrantes por el Río Grande y controla los depósitos de efectivo en la zona fronteriza. Es considerado colaborador cercano de Abdón Federico Rodríguez García, segundo al mando del CDN.
Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado defensor, es acusado de ir más allá de la relación cliente-abogado al actuar como intermediario entre Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40” —líder histórico de Los Zetas y actualmente preso en Estados Unidos— y la actual dirigencia del cartel, permitiéndole mantener el control de la organización desde la cárcel.
Por su parte, Jesús Reymundo Ramos Vázquez es señalado como el encargado de la campaña de desinformación del grupo. Bajo la fachada de activista de derechos humanos, presenta denuncias falsas contra el Ejército mexicano, organiza protestas pagadas y busca mejorar la imagen pública del cartel mientras desacredita las acciones de las autoridades.
Esta es la tercera acción de la OFAC contra el Cartel del Noreste durante la actual administración Trump. En mayo y agosto de 2025, Washington ya había sancionado a varios líderes y a un narco-rapero vinculado al grupo.
El CDN, surgido de una escisión de Los Zetas, opera principalmente en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, y controla rutas clave de narcotráfico y migración en la frontera. El gobierno estadounidense lo designó como organización terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025.
Las sanciones implican que cualquier persona o empresa estadounidense que realice transacciones con los sancionados o con entidades en las que estos posean 50% o más de propiedad puede enfrentar multas y acciones penales.
Autor
PUBLICIDAD
