Eduardo Guerrero y el negocios de las cárceles
Eduardo Guerrero Durán es un controvertido “empresario” y exfuncionario mexicano con una larga trayectoria como explotador del sistema penitenciario del país. Originario de Sonora, controla jugosos negocios en los penales de su estado natal, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, por lo menos. La explotación económica de los penales se hace necesariamente en contubernio con el crimen organizado. El gran negocio, de los varios que ofrecen los penales, es el control de los alimentos. las cocinas de los penales son fabricas de billetes, y el gran porcentaje de estos va a los bolsillo de don Eduardo y de su principal socio de apellidos Soto Silva.
Inició con Duarte su carrera “empresarial”
Guerrero Durán inició su ascenso en el sector penitenciario en 2010, durante el gobierno de César Duarte en Chihuahua. Fue nombrado director general del sistema penitenciario estatal, cargo que ocupó hasta 2015 como fiscal de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales. En ese período, implementó reformas drásticas para combatir. en el discurso, el control de los cárteles en las prisiones, en la realidad tomaba medidas para tomar las riendas de la economía intramuros.
Guerrero «limpió» los penales, se dijo
Mentira, los que limpiaba eran los exiguos bolsillos de los reos y la mano de obra esclava de las cocinas y la venta de los insumos que pagan los gobiernos estatales y federales… un negocios redondo, no paga insumos ni mano de obra y vende caro, incluso si vendiera barato sería un gran negocios, ya que no aporta nada. La certificación de prisiones en el sexenio de César Duarte, fue un gran farsa, fue el periodo en que se toma o el control administrativo de los muchos servicios internos que se pagan y el gran negocio de alimentar a los reos con frijoles y tortilla y ofrecer como alternativa los servicios de restaurante a la carta. Imaginen el presupuesto de este año para los penales estatales es de 5 mil 5345 millones y el 25% es para manutención y hay nueve mil reos, solo divida.
Negocios en penales
Como empresario de seguridad privada, Guerrero tenía vínculos con compañías como Servicios Integrales Corporativos (Grupo Seinco), fundada en 2007 en Ciudad Juárez, que proveía servicios a entidades gubernamentales, incluyendo penales. Se le atribuye el control «real» de operadores del crimen organizado en prisiones chihuahuenses, permitiendo privilegios a cambio de cuotas: entre 15 y 20 millones de pesos mensuales por celulares, venta de drogas y trata de mujeres (2010-2021). Su grupo, apodado «Grupo Sonora», fue acusado de extorsiones, muertes y compra de voluntades en penales…estos datos fueron públicos y en teoría se actuó, pero es falso, sigue en control de Guerrero Soto Silva, los jugosos negocios intramuros. En fin, es una historia de reciclaje.
Diversificación empresarial
Eduardo Guerrero, poseía al menos cinco empresas y tres inmuebles registrados a su nombre, incluyendo Vigila de Juárez (vigilancia y seguridad), donde era accionista junto a Luis Arturo Arellano Cuarón (vinculado a un crematorio en Juárez) y Luis Carlos Cordero Camarillo. Estas firmas obtuvieron contratos estatales para servicios en prisiones, así empezaron los negocios que hoy controlan en cuatro estados fronterizos
Sigue en control su “empresa”
Eduardo Guerrero huyó de México tras una orden de aprehensión en septiembre de 2021 por delincuencia organizada, lavado de dinero y operaciones con recursos ilícitos, vinculado al caso de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga (quienes usaban sus empresas para lavar dinero). Colaboró con Jorge Nava López (ex-fiscal de Chihuahua) en desvíos, técnicamente esta prófugo pero la organización que creo para exprimir a los penales sigue intacta y él en control.
Guerrero un «experto”
Guerrero Durán representa el lado oscuro del sistema penitenciario mexicano: un «experto» que pacificó prisiones pero a costa de corrupción masiva. Sus negocios, centrados en seguridad y servicios para penales, generaron fortunas (estimadas en cientos de millones), pero también escándalos que involucran a Peña Nieto, García Luna y cárteles. Hoy, a sus 50 y tantos, su caso ilustra cómo los penales se convirtieron en «fábricas de dinero» para élites políticas y empresariales.
