¡Duro golpe de Cruz a Andrea!
La reciente embestida mediática coordinada desde las páginas de Unomásuno y sus diarios asociados contra la senadora Andrea Chávez Treviño no pertenece al ámbito del periodismo de investigación, sino al del sicariato informativo por encargo. Para descifrar el origen del golpe, es indispensable seguir la ruta de las lealtades históricas. El grupo editorial dirigido por Maim Libien Kaui opera desde 1998 como una caja de resonancia incondicional de los intereses de Ricardo Monreal Ávila, una relación de casi tres décadas forjada cuando el zacatecano rompió con el régimen para buscar su primera gubernatura.
Bajo la lógica de que en política no existen las casualidades, este despliegue de tinta y lodo cobra un sentido estrictamente territorial al cruzar la variable nacional con la local. El alcalde juarense, Cruz Pérez Cuéllar, forma parte orgánica del grupo político de Monreal desde su coincidencia estratégica en el Senado de la República. Por tanto, el ataque sistemático contra Chávez es el síntoma más nítido de la profunda fractura interna que padece Morena en Chihuahua de cara a la sucesión gubernamental.
Esta arremetida operada por el bloque de Pérez Cuéllar transgrede directamente una de las reglas de oro no escritas, pero firmemente exigidas en los estatutos de Morena: salvaguardar la unidad interna a toda costa. Romper este pacto de no agresión expone al alcalde juarense a un severo costo político ante la dirigencia nacional. Por ello, la ofensiva puede leerse bajo dos ópticas críticas: como un grave error estratégico que dinamita los puentes de cohesión partidista, o como una medida desesperada que delata la poca confianza que el grupo monrealista tiene respecto a la decisión final que se tomará allá en el Altiplano.
Paradójicamente, la virulencia del golpe mediático entrega una lectura de fortaleza para la afectada. Si la candidatura al gobierno del estado estuviera pactada o resuelta en favor de Pérez Cuéllar, un ataque de esta magnitud representaría una rudeza innecesaria y un desgaste de recursos estéril. Al activar la artillería mexiquense de largo alcance, el monrealismo y sus aliados locales admiten implícitamente que Andrea Chávez sigue en la jugada política, consolidada como una contendiente de peso real a la que necesitan descarrilar antes de tiempo.
La primera gran aduana para medir las fuerzas de ambos bandos ocurrirá el próximo martes en el World Trade Center. El registro de quienes aspiren a convertirse en defensores de la Cuarta Transformación en Chihuahua funcionará como un termómetro exacto para ver los nombres, los pesos específicos y las estructuras que respaldan a cada bloque.
Lo que este episodio deja en claro es que la lucha interna en el estado es cruenta y carece de tregua. La naturaleza de los agravios infligidos, que tocan fibras personales y recurren a la difamación de género, generará heridas políticas profundas. En la antesala electoral, las fracturas que tardan más de quince días en sanar y dejan secuelas permanentes conllevan una sanción inevitable en las urnas. De mantenerse esta dinámica de canibalismo político, Morena llegará severamente dividida a la contienda constitucional, arriesgando la plaza frente a la oposición debido a la incapacidad de procesar sus propias ambiciones.
Sheinbaum: dobla apuesta ante la CNTE
La relación del Poder Ejecutivo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se mantiene como uno de los termómetros más complejos de la gobernabilidad en el sector educativo. Frente a las mesas de diálogo y los acuerdos específicos establecidos por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum con la dirigencia magisterial, los analistas y observadores políticos se fracturan en dos interpretaciones fundamentales: la que concibe la postura gubernamental como un ejercicio de anticipación narrativa y control de daños, y la que la evalúa como un error de cálculo que alimenta el ciclo de la movilización permanente.
La primera lectura inscribe la acción presidencial en una lógica de contención política. Desde esta perspectiva, la apertura de canales de interlocución directos y la asimilación institucional de demandas históricas —tales como las modificaciones a la ley del ISSSTE o los procesos de basificación— operan como un mecanismo de desactivación. Al institucionalizar el conflicto y arrebatarle a la coordinadora la bandera de la exclusión o la cerrazón oficial, el gobierno asume el control de los tiempos políticos. Esta postura interpreta que adelantarse a las exigencias magisteriales no es un síntoma de debilidad, sino una estrategia para restar legitimidad social a las medidas de presión extremas, obligando al movimiento a transitar de la resistencia callejera a la concertación técnica en los términos impuestos por el propio Ejecutivo.
En el extremo opuesto, la corriente crítica interpreta esta misma disposición al diálogo como un incentivo estructural al conflicto. Para este sector de analistas, la naturaleza identitaria de la coordinadora se fundamenta en la dialéctica de presión y negociación; por ende, la concesión de espacios de interlocución preferencial no pacifica al movimiento, sino que convalida su método de acción directa. El riesgo advertido por esta postura es doble: por un lado, se erosiona la representatividad de la estructura formal del sindicato mayoritario con el que el Estado suele pactar la estabilidad sectorial; por el otro, se genera un desgaste en la percepción de la autoridad, donde la política de no confrontación puede ser leída por la opinión pública urbana como una renuncia al ejercicio del Estado de derecho frente a bloqueos y suspensiones de labores.
En términos de balance de poder, la estrategia gubernamental parece optar por administrar el conflicto de baja intensidad y asumir el costo político de la negociación formal, prefiriendo esa fricción controlada al riesgo de una ruptura abierta que descarrile las prioridades legislativas y de gobernabilidad del inicio de la gestión.
¿Qué le pasó Rosana Díaz?
El intento de alterar un hecho legislativo consumado mediante una narrativa mediática no solo desafía la lógica del debate público, sino que tropieza con la rigidez de los archivos institucionales. La reciente rueda de prensa donde la diputada Rosana Díaz Reyes acusó a su compañera de bancada, María Antonieta Pérez Reyes, de haber votado a favor del endeudamiento de 3 mil millones de pesos solicitado por el Ejecutivo estatal, representa un síntoma de desesperación política que ignora una realidad elemental: en la era de la transparencia digital, el diario de debates es inalterable.
Sostener que es posible ocultar o reinterpretar los motivos detrás de esta maniobra bajo el cobijo de la confusión resulta, por decir lo menos, un ejercicio infantil. La mecánica parlamentaria no se rige por declaraciones de prensa ni por la estridencia del micrófono; se rige por registros electrónicos y gacetas oficiales. El tablero del Congreso del Estado de Chihuahua es tajante: María Antonieta Pérez Reyes asistió y emitió formalmente un voto en contra de la adquisición de dicha deuda, alineándose con la postura abierta de su partido.
Por el contrario, la matemática legislativa expone con claridad que el verdadero facilitador del crédito fue la ausencia física en el pleno. Al disminuir el quórum por la inasistencia de la propia Díaz Reyes, el umbral de la mayoría calificada requerido por el bloque del PAN y el PRI se redujo de manera automática, abaratando el costo político para la aprobación del dictamen.
Pretender revertir esta realidad mediante el señalamiento directo y falso hacia quien sí cumplió con la asistencia y el voto opositor, evidencia una burda estrategia de control de daños y reparto de culpas. Cuando el costo político ante la militancia y la opinión pública se vuelve insostenible, la salida más fácil —aunque la menos inteligente— es la invención de un enemigo interno. Sin embargo, en el análisis periodístico serio, la verdad histórica no se negocia en una comparecencia de medios; el diario de debates permanece ahí, como un testigo mudo y definitivo que desmantela cualquier intento de ficción parlamentaria.
