Eraclio Rodríguez, líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), acusó directamente al gobierno federal de intimidar a David Estévez, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), para evitar que los transportistas se sumen a las protestas del sector agrícola. En entrevista con Aristegui en Vivo, Rodríguez reveló que la mañana del lunes un funcionario de la Secretaría de Gobernación, identificado como Tonatiuh, llamó por teléfono a Estévez para advertirle sobre la posible apertura de carpetas de investigación y otras medidas si continuaba apoyando el movimiento.
“Responsabilizo al gobierno de cualquier acción legal o intimidatoria que se tome en contra nuestra”, declaró Rodríguez, quien calificó las presiones como parte de una estrategia más amplia de descalificación. El dirigente cuestionó la contradicción de que, mientras la misma Segob los convocó a una mesa de trabajo este lunes, por otro lado intenten amedrentarlos. “Si eso piensan y luego nos llaman al diálogo, pues están locos”, sentenció.
Rodríguez rechazó las insinuaciones oficiales de que detrás del movimiento hay intereses del PAN o del PRI, y advirtió que tales acusaciones cierran cualquier posibilidad real de negociación. “Si no reconocen tácitamente a la organización, desde ahora nos están diciendo que no van a atender nuestras demandas”, afirmó.
Lejos de retroceder, el líder campesino anunció que el megabloqueo de carreteras y aduanas iniciado este lunes se prolongará de manera indefinida “hasta que se resuelva esto, porque es la última llamada”. Para el mediodía ya se reportaban acciones en 28 estados, con toma de casetas y fronteras. Pidió comprensión a los automovilistas: “Nos vemos obligados a hacerlo; quisiéramos estar trabajando en nuestros ranchos, pero no es posible seguir subsidiando al país con nuestros bolsillos mientras el gobierno se desentiende de la Constitución”.
Entre las demandas centrales están la creación de un programa nacional de agricultura que fije precios con base en costos de producción y no en la bolsa de Chicago, la salida de granos básicos del tratado de libre comercio, un banco de desarrollo exclusivo para el campo, precios de garantía para todos los productores y una reforma a la Ley de Aguas Nacionales.
Rodríguez denunció que las importaciones subsidiadas de Estados Unidos, canalizadas principalmente a través de corporativos como Cargill, Maseca y Minsa, desmantelan la producción nacional. Criticó que mientras al productor le pagan cuatro pesos por kilo de maíz, la tortilla llega al consumidor a 27 pesos, y acusó al intermediario conocido como El Alazán de controlar el mercado del frijol. También señaló conflictos de interés: Altagracia Gómez, propietaria de Minsa, es asesora de la presidenta Claudia Sheinbaum, y el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, fue recomendado por el empresario Jesús Vizcarra, dueño de SuKarne.
“Tope donde tope”, concluyó Rodríguez, ratificando que las amenazas no detendrán las movilizaciones hasta lograr atención real a las demandas del campo mexicano.
