Chihuahua, Chih.- El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó por unanimidad un Punto de Acuerdo que pone el foco en las presuntas irregularidades cometidas por Alejandro LeBarón durante su gestión como delegado de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) entre 2013 y 2015. La solicitud exige a CONAGUA un informe detallado sobre permisos de perforación y concesiones de agua otorgadas en ese periodo, especialmente aquellas beneficiando a la familia LeBarón, que acumula 150 títulos equivalentes a 47 millones de metros cúbicos anuales, suficientes para abastecer múltiples comunidades rurales. De estos, 86 pozos y 64 concesiones incluyen 41 autorizaciones directas emitidas por LeBarón, representando más del 50% del volumen total, según datos oficiales de CONAGUA.
El diputado panista Carlos Alfredo Olson San Vicente, impulsor de la iniciativa, subrayó que estas concesiones, presuntamente irregulares, han exacerbado la crisis hídrica en Chihuahua, donde se estiman al menos 15 mil pozos ilegales y una sobreexplotación que seca acuíferos como Baja Babícora y Santa Clara. «El agua es un bien nacional que no puede ser acaparado por privilegios del pasado», declaró Olson, citando las recientes declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en sus conferencias matutinas denunció que LeBarón «se otorgó a sí mismo y a su familia concesiones totalmente irregulares e ilegales», vinculadas a la corrupción durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Sheinbaum enfatizó que este acaparamiento, enfocado en cultivos de alto consumo como el nogal, deja sin recurso a miles de familias campesinas y ejidatarios, promoviendo un «cártel del agua» que opera con constancias de libre alumbramiento suspendidas desde 2013.
Paralelamente, se solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) detalles sobre cambios de uso de suelo autorizados por Brenda Ríos, esposa de LeBarón y exdelegada estatal, que facilitaron estas perforaciones sin evaluaciones ecológicas ni consultas indígenas. Organizaciones como El Barzón han denunciado que, entre 2013 y 2015, se aprobaron 395 pozos para nogalerías en zonas vedadas, secando lagunas como Encinillas y afectando ecosistemas desérticos.
El senador morenista Juan Carlos Loera acusó a LeBarón de integrar un «cártel del agua» con el exgobernador César Duarte, emitiendo «miles de concesiones de la nada» para especulación.
La propuesta se amplió con mociones de la diputada Brenda Ríos Prieto —irónicamente, la misma nombrada en la investigación— para extender el escrutinio desde 1992 hasta hoy, y del diputado Alfredo Chávez, quien exige a la Fiscalía General de la República (FGR) una pesquisa penal por posible corrupción. Con 27 votos a favor, el acuerdo trasciende partidos, priorizando la transparencia en un estado con 18 mil pozos agrícolas, de los cuales miles operan sin medidores ni control.
Este exhorto responde a la nueva Ley de Aguas Nacionales, que busca eliminar privilegios y garantizar el derecho humano al agua. Si se confirman las anomalías en los pozos de LeBarón —incluyendo 10 irregulares en Rancho La Mojina—, podría derivar en clausuras y juicios, reordenando el manejo hídrico para el bien común. Olson concluyó: «No hay colores partidistas en la defensa del agua; solo legalidad y justicia para Chihuahua».
