Chihuahua, Chih.- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, emitió un mensaje en el que sentenció de manera firme que ninguna persona, sin importar si forma o formó parte de su administración, se encuentra por encima de la ley. Esta declaración surge tras la reciente detención de César Jáuregui Moreno, exfiscal general del estado, la cual ha generado una profunda reconfiguración política y tensiones al interior del Partido Acción Nacional de cara al proceso electoral de 2027.
Durante su postura pública, la mandataria estatal enfatizó que los principios de legalidad y rendición de cuentas aplican sin excepciones para todos los servidores públicos. El posicionamiento marca un punto de inflexión definitivo en la relación institucional y política con quien fuera uno de sus colaboradores más cercanos y aliados políticos durante más de una década, distanciándose del trato de cercanía que caracterizó etapas anteriores de su gobierno.
El trasfondo de esta ruptura institucional se remonta a los acontecimientos derivados de operativos de seguridad e investigaciones en los que se cuestionaron los protocolos de actuación y la falta de notificación oficial a las instancias competentes del Ejecutivo estatal, particularmente en asuntos vinculados a la cooperación y presencia de agencias extranjeras en territorio chihuahuense. En su momento, el propio Jáuregui presentó su renuncia irrevocable a la Fiscalía General del Estado tras reconocer omisiones en la gestión de información institucional, lo que abrió paso a indagatorias ministeriales tanto en el fuero común como en el ámbito federal.
La captura del exfiscal desató reacciones encontradas dentro de la esfera política local. Por un lado, sectores afines al gobierno estatal respaldan el principio de que se investiguen posibles responsabilidades administrativas o penales; por otro lado, familiares, simpatizantes y diversos militantes del partido blanquiazul han manifestado su inconformidad con las acciones legales emprendidas, acusando presuntas motivaciones políticas orientadas a incidir en la definición de candidaturas rumbo a la gubernatura de la entidad.
Con este mensaje, el gobierno estatal busca enviar una señal de contundencia ante los cuestionamientos sobre la actuación de exfuncionarios públicos, mientras las autoridades ministeriales continúan integrando las carpetas de investigación correspondientes para deslindar responsabilidades legales de manera formal.
