Chihuahua, Chih.- La Fiscalía General de la República confirmó la captura del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, en la capital del estado, por su presunta participación en un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Elementos de la Guardia Nacional ejecutaron la orden de aprehensión alrededor de las 14:00 horas de este lunes 8 de diciembre, cuando Duarte salía de su domicilio para una cita médica. Tras el aseguramiento, fue trasladado al Ministerio Público Federal para su presentación, donde permanece en calidad de presentado mientras se resuelve su situación jurídica. Fuentes de la dependencia indican que será enviado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como Almoloya de Juárez, para continuar el proceso.
Antecedentes de una prolongada judicialización
Duarte, quien gobernó Chihuahua entre 2010 y 2016 bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional, enfrenta ahora cargos federales distintos a los que motivaron su extradición previa. En julio de 2020, autoridades estadounidenses lo detuvieron en Miami, Florida, por solicitudes de México relacionadas con peculado y asociación delictuosa, derivados de investigaciones estatales sobre desvíos millonarios durante su administración. Tras casi dos años de trámites, Estados Unidos aprobó su entrega, y Duarte llegó a territorio nacional el 2 de junio de 2022. Desde entonces, gozaba de libertad condicional mientras la Fiscalía General del Estado de Chihuahua avanzaba en su caso, sin que hasta la fecha se haya dictado sentencia.La nueva imputación federal surgió de una orden emitida el 16 de mayo de 2024 por un juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México. Para proceder, la Fiscalía General de la República requirió autorización adicional de Estados Unidos, conforme al principio de especialidad en extradiciones, que limita los procesos a los delitos originales. Esta solicitud se presentó el 4 de octubre de 2024 y recibió luz verde apenas el 4 de diciembre de 2025, lo que aceleró la ejecución de la captura. Ernestina Godoy Ramos, quien asumió recientemente la titularidad de la fiscalía tras la salida de Alejandro Gertz Manero, enfatizó que los cargos previos siguen en manos de la autoridad estatal, mientras el fuero federal se centra en irregularidades financieras.
Detalles de la investigación por lavado de recursos
La pesquisa federal apunta a la intervención de Duarte como servidor público en un mecanismo para blanquear fondos desviados del erario estatal. Según el comunicado oficial de la Fiscalía General de la República, el exmandatario presuntamente ocultó recursos ilícitos mediante transacciones en el Sistema Financiero Mexicano, un entramado que involucra bancos y entidades reguladas para disfrazar el origen de los dineros. Aunque no se detallan montos específicos en el anuncio inicial, reportes periodísticos vinculan esta operación con desvíos estimados en cientos de millones de pesos durante su sexenio, incluyendo compras irregulares de bienes como ganado y propiedades.
Esta detención se suma a un historial de denuncias que incluyen la construcción ilegal de una presa en su rancho en Balleza, Chihuahua, denunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum en noviembre de 2025, y acusaciones de enriquecimiento ilícito por parte de su sucesor, Javier Corral. En junio de 2025, una corte en Texas desestimó una demanda civil impulsada por Corral contra Duarte por supuestas adquisiciones fraudulentas de inmuebles en ese país, lo que había permitido al priista reaparecer en eventos públicos y redes sociales, proyectando una imagen de normalidad. Analistas destacan que la captura representa un golpe temprano para la nueva gestión de Godoy, quien prometió agilizar investigaciones de alto perfil.
Reacciones y contexto político en el norte del país
La noticia generó inmediata repercusión en redes sociales y círculos políticos, donde simpatizantes del PRI la califican de persecución selectiva, mientras opositores la ven como un avance en la lucha contra la impunidad. En X, publicaciones de medios como El Financiero y La Jornada acumularon cientos de interacciones en minutos, con usuarios recordando apariciones recientes de Duarte en eventos benéficos, como un video invitando a la Radio Teletón grabado días antes. Figuras como el senador panista Javier Corral, quien impulsó las primeras querellas, celebraron el hecho como justicia diferida, aunque evitó referencias directas a la actual administración estatal de María Eugenia Campos.
En el panorama más amplio, esta acción federal contrasta con críticas previas a la Fiscalía por lentitud en casos similares, y ocurre en un momento de transición en la procuración de justicia, con Godoy asumiendo el mando en medio de demandas por mayor transparencia. El traslado de Duarte al penal del Altiplano, donde ya cumplió medidas cautelares, podría prolongar su reclusión mientras se formula imputación y se define el auto de vinculación a proceso. Autoridades federales no han precisado plazos, pero el caso promete audiencias clave en las próximas semanas, con posibles repercusiones en la dinámica política chihuahuense, marcada por tensiones entre el gobierno local y el federal.
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Caso de Javier
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