Chihuahua, Chih.— La designación de Daniel Abraham Terrazas Parada como fiscal de Distrito Zona Centro de Chihuahua abrió un debate sobre el cumplimiento de los requisitos legales del cargo, luego de que una constancia profesional de la Secretaría de Educación Pública (SEP) revelara que obtuvo su título en enero de 2024 y su cédula en febrero de 2025, de acuerdo con un análisis difundido por la plataforma Búho Penal.
Según el documento oficial citado en la publicación, Terrazas Parada cuenta con la cédula profesional 14714078 en la Licenciatura en Derecho, titulada el 12 de enero de 2024 y expedida el 1 de febrero de 2025. Con ello, hacia noviembre de 2026 acumula aproximadamente dos años y diez meses de haber obtenido el título y un año y nueve meses con cédula profesional, lo que genera interrogantes sobre si satisface la antigüedad exigida por el artículo 121 de la Constitución local y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El reporte de Búho Penal destaca además una discrepancia en la formación académica del funcionario. Aunque en referencias públicas se le identifica como egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), la constancia de la SEP establece que su acreditación se realizó bajo el Acuerdo 02/04/17, derivado del Acuerdo 286, mecanismo legal que permite titularse mediante conocimientos autodidactas o experiencia laboral sin acreditar necesariamente estudios universitarios tradicionales.
A esta situación se suma la cronología de sus cargos previos dentro de la administración pública. Registros señalan que Terrazas Parada ocupó puestos de dirección jurídica en la propia Fiscalía General del Estado desde 2021, es decir, tres años antes de obtener su título profesional. Asimismo, se menciona el antecedente de una presunta designación revocada como director del Instituto de la Defensoría Pública del Estado por no cumplir con la antigüedad prevista en el artículo 90 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Ante la relevancia de la Fiscalía Zona Centro en la conducción de investigaciones penales y la coordinación de agentes del Ministerio Público, el análisis subraya la necesidad de que la FGE transparente los expedientes de contratación, explique el fundamento jurídico del nombramiento y acredite con documentos oficiales que el titular cumple con los requisitos vigentes para ejercer el cargo.
