La Habana, Cuba.- El gobierno cubano anunció este lunes que los cubanos residentes en el exterior, incluida la amplia comunidad en Estados Unidos, podrán invertir, crear y gestionar empresas en múltiples sectores de la economía nacional, incluso el bancario, en un esfuerzo por atraer capital y reactivar una economía sumida en una profunda crisis. El viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, lo expresó con claridad: “Cuba está abierta a mantener una relación comercial fluida con empresas estadounidenses y también con cubanos residentes en Estados Unidos y sus descendientes”. Según el funcionario, no existen limitaciones: los emigrados podrán asociarse con entidades públicas o privadas ya existentes o crear sus propias empresas, abarcando desde pequeños emprendimientos hasta grandes proyectos de infraestructura.
Esta medida, difundida en entrevistas con medios internacionales y estatales, representa un paso inédito. Hasta ahora, aunque desde 2021 se permitieron las pequeñas y medianas empresas privadas en la isla, los nacionales en el exterior quedaban excluidos. Pérez-Oliva Fraga enfatizó que “se han abierto todos los canales que permite la legislación cubana para que los cubanos residentes puedan insertarse de manera plena en el desarrollo económico y social de nuestro país”. El anuncio coincide con conversaciones entre La Habana y Washington, en medio de presiones de la administración Trump, que ha cortado envíos de petróleo venezolano y amenazado con sanciones a terceros países proveedores de combustible.
La apertura llega en un contexto de urgencia. Cuba atraviesa una severa crisis energética que provocó un apagón nacional el lunes, el sexto en poco más de un año y medio. La escasez de combustible, alimentos y medicinas se agrava por el embargo estadounidense vigente desde 1962, que, según las autoridades cubanas, impide el acceso a financiamiento, tecnología y mercados. “El bloqueo es el principal obstáculo”, reconoció Pérez-Oliva Fraga. Economistas como Paolo Spadoni consideran el cambio “pragmático”, aunque tardío, y ven potencial para catalizar vínculos con Estados Unidos, pese a las barreras legales que aún persisten en Washington.
Esta disposición se suma a un paquete de incentivos anunciado en noviembre pasado durante la Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2025). El gobierno flexibilizó reglas para atraer capital foráneo: las empresas mixtas o de capital totalmente extranjero podrán operar en moneda nacional y divisas con mayor autonomía financiera, incluida la posibilidad de comercio electrónico y cuentas bancarias en el exterior. Se eliminó el estudio de factibilidad obligatorio, sustituido por un simple plan de negocios, y se redujo el plazo de evaluación de proyectos de 15 a 7 días con “silencio positivo” (aprobación automática si no hay respuesta). En contratación laboral, el inversionista podrá participar en la selección de trabajadores y otorgar gratificaciones en divisas si el proyecto genera ingresos externos. Además, se autorizó la comercialización mayorista sin restricciones a cualquier actor económico nacional con capacidad de pago, la compra directa de combustible y el uso de instalaciones estatales subutilizadas, que revertirán al Estado tras un período acordado.Pérez-Oliva Fraga detalló que actualmente operan en Cuba 376 negocios con capital extranjero procedentes de 40 países, 56 de ellos en la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Sólo en 2025 se aprobaron 32 nuevos proyectos de 13 naciones con 1,100 millones de dólares comprometidos. Los sectores prioritarios para 2026 incluyen producción de alimentos (con énfasis en exportación y sustitución de importaciones), turismo (incluido el de salud, con arrendamiento de hoteles), energía (renovables y prospección petrolera), minería, construcción, industria y banca. Se crearán nuevas zonas especiales de desarrollo más pequeñas y flexibles, orientadas a inmobiliario o parques tecnológicos.
La Cartera de Oportunidades 2025-2026, presentada en la feria, ofrece más de 400 proyectos distribuidos en todas las provincias con un monto estimado superior a 30,000 millones de dólares. Entre ellos destacan plantas farmacéuticas, producción de alimentos procesados, modernización de centrales azucareros con generación de biomasa, y manufacturas para el sector turístico. “Todo negocio enfocado a la producción de alimentos lo vamos a valorar positivamente”, aseguró el ministro, subrayando que las medidas no contradicen la Constitución ni el modelo económico cubano.
Expertos y observadores coinciden en que estas aperturas responden a la necesidad imperiosa de divisas y reactivación productiva tras la mayor ola migratoria desde 1959, con más de un millón de cubanos emigrados desde 2021. Aunque persisten desafíos como la burocracia residual y el impacto del embargo, el gobierno insiste en que “las puertas de Cuba están abiertas”. La medida busca no solo capital, sino también know-how y confianza de la diáspora, en un intento por articular todos los actores económicos hacia objetivos de desarrollo sostenible.
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