NUEVO CASAS GRANDES, CHIH. — La tensión en la región noroeste de Chihuahua escaló este jueves tras la denuncia formal interpuesta por Joel Francisco LeBarón Soto ante la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, luego de recibir amenazas de muerte vinculadas a la actividad política y social de su familia. Simultáneamente, el activista Julián LeBarón denunció en medios nacionales que grupos del crimen organizado le han exigido desistir de su intención de contender por la gubernatura del estado en 2027.
En entrevista con la periodista Azucena Uresti para Radio Fórmula, Julián LeBarón reveló que las advertencias buscan frenar su proyecto ciudadano. El activista señaló que este acoso no solo proviene de células delictivas como «La Línea», sino que también percibe una «instrumentalización de la justicia» por parte de las autoridades estatales, quienes lo han citado a comparecer mediante procesos que calificó como opacos e intimidatorios.
La situación de inseguridad ha tenido un impacto devastador en las comunidades rurales de la zona. Un ejemplo crítico es el pueblo de Alamillo, el cual se reporta actualmente como un pueblo fantasma. Según testimonios de la comunidad LeBarón, el asentamiento ha sido abandonado por sus habitantes debido a la violencia sistemática, el cobro de piso y el control territorial ejercido por el narcotráfico, dejando viviendas y tierras de cultivo en el olvido.
Joel LeBarón, al ratificar su denuncia en Nuevo Casas Grandes, hizo hincapié en que la protección a los recursos naturales y la resistencia contra la extorsión a campesinos han convertido a su familia en un blanco directo. Pese a las amenazas y el desplazamiento forzado en localidades aledañas como Alamillo, los integrantes de la comunidad LeBarón sostuvieron que no abandonarán la región ni sus aspiraciones de cambio político.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el estatus de las carpetas de investigación iniciadas este día, mientras que la presencia militar en la zona noroeste permanece sin cambios significativos a pesar del incremento en las denuncias de hostigamiento.
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