Ciudad Juárez, Chihuahua.— Dos colaboradores cercanos al diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar, hermano del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, recibieron 20 contratos de obra pública por un monto cercano a los 74 millones de pesos entre 2021 y 2025, según una investigación de La Verdad Juárez.
Irvin Alonso Ruiz Orozco y Kenya Daniela Garibay Baca, quienes formaron parte del equipo de campaña del legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en 2024 y participan activamente en sus actividades partidistas, obtuvieron estas adjudicaciones del gobierno municipal de Juárez. El total asciende a 73 millones 887 mil 785 pesos, destinados principalmente a pavimentaciones, rehabilitación de parques, espacios deportivos, obras en escuelas y edificios públicos.
Ruiz Orozco, egresado en Administración Pública y Derecho, trabajó previamente como empleado de confianza en la Dirección de Obras Públicas municipal durante la administración de Armando Cabada, donde participaba en la lectura de fallos de licitaciones. Sin experiencia previa documentada en construcción, comenzó a recibir contratos como persona física poco después del inicio del primer trienio de Cruz Pérez Cuéllar, en noviembre de 2021. Utilizó maquinaria rentada y se respaldó en la cédula profesional de Garibay Baca, quien fungió inicialmente como residente de obra.
Posteriormente, Garibay Baca constituyó en 2023 la empresa Construcciones y Servicios Industriales KIDA junto con su padre. Nueve meses después, la firma relevó a Ruiz Orozco en la obtención de contratos, sumando ocho adjudicaciones por más de 35 millones de pesos entre 2024 y 2025.La investigación de La Verdad Juárez destaca que estas adjudicaciones coincidieron con el fortalecimiento de los lazos políticos, personales y sociales con Alejandro Pérez Cuéllar, evidenciados en fotografías de eventos, cumpleaños y mítines.
Irvin Alonso Ruiz Orozco y Kenya Daniela Garibay Baca, quienes formaron parte del equipo de campaña del legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en 2024 y participan activamente en sus actividades partidistas, obtuvieron estas adjudicaciones del gobierno municipal de Juárez. El total asciende a 73 millones 887 mil 785 pesos, destinados principalmente a pavimentaciones, rehabilitación de parques, espacios deportivos, obras en escuelas y edificios públicos.
Ruiz Orozco, egresado en Administración Pública y Derecho, trabajó previamente como empleado de confianza en la Dirección de Obras Públicas municipal durante la administración de Armando Cabada, donde participaba en la lectura de fallos de licitaciones. Sin experiencia previa documentada en construcción, comenzó a recibir contratos como persona física poco después del inicio del primer trienio de Cruz Pérez Cuéllar, en noviembre de 2021. Utilizó maquinaria rentada y se respaldó en la cédula profesional de Garibay Baca, quien fungió inicialmente como residente de obra.
Posteriormente, Garibay Baca constituyó en 2023 la empresa Construcciones y Servicios Industriales KIDA junto con su padre. Nueve meses después, la firma relevó a Ruiz Orozco en la obtención de contratos, sumando ocho adjudicaciones por más de 35 millones de pesos entre 2024 y 2025.La investigación de La Verdad Juárez destaca que estas adjudicaciones coincidieron con el fortalecimiento de los lazos políticos, personales y sociales con Alejandro Pérez Cuéllar, evidenciados en fotografías de eventos, cumpleaños y mítines.
El diputado federal afirmó desconocer los contratos y evitó profundizar en su relación con los colaboradores. Por su parte, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar defendió la legalidad de los procesos, minimizando el monto en comparación con el presupuesto municipal y subrayando el derecho de los contratistas a participar en licitaciones.
Especialistas consultados advierten sobre señales de alerta: falta de experiencia previa de los proveedores, creación reciente de empresas, acumulación rápida de contratos y posibles conflictos de interés. Aunque las autoridades aseguran apego a la ley, el caso ilustra cómo grupos cercanos al poder acceden a recursos públicos en un contexto de opacidad en la asignación de obra.
Especialistas consultados advierten sobre señales de alerta: falta de experiencia previa de los proveedores, creación reciente de empresas, acumulación rápida de contratos y posibles conflictos de interés. Aunque las autoridades aseguran apego a la ley, el caso ilustra cómo grupos cercanos al poder acceden a recursos públicos en un contexto de opacidad en la asignación de obra.
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