Chihuahua, Chih.- La diputada Edith Palma Ontiveros, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y mujer indígena rarámuri, vio rechazada su reserva para crear una Sala de Justicia Indígena especializada dentro del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Durante la discusión del dictamen que reforma la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas y la Ley Orgánica del Poder Judicial, Palma Ontiveros presentó una propuesta que buscaba restituir el espíritu de la iniciativa original y cumplir con el mandato de la consulta previa, libre e informada realizada en 2025.
La legisladora, quien también ha fungido como gobernadora indígena, argumentó que los tribunales civiles, familiares o penales ordinarios carecen de la especialización necesaria para resolver asuntos que involucran cosmovisión, lengua y sistemas normativos propios de los pueblos originarios. “Pretender que cualquier órgano jurisdiccional conozca estos temas sin enfoque intercultural limita en los hechos el acceso real a la justicia”, señaló.
La reserva de Palma Ontiveros se sustentaba en tres pilares principales:
- El amparo 444/2024, que obliga al Congreso estatal a generar mecanismos efectivos para proteger los derechos indígenas.
- La iniciativa 509, cuyo texto original contemplaba la creación de salas especializadas.
- El resultado de la Consulta Previa, Libre e Informada de 2025, en la que las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas respondieron de manera unánime con un “sí” a la creación de juzgados especializados.
La propuesta incluía adicionar una fracción al artículo 141 de la ley correspondiente para facultar la Sala de Justicia Indígena, así como incorporar los artículos 196 Bis y 196 Ter para definir sus atribuciones y estructura bajo un enfoque intercultural.
A pesar de estos argumentos, la reserva fue rechazada por los diputados de PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Partido Verde y PT. El dictamen se aprobó en sus términos originales, que prevén que tribunales sin especialización validen las resoluciones de las autoridades indígenas.
Palma Ontiveros no se opuso al dictamen en lo general, pero advirtió sobre los riesgos de “legislar con medianías”. Consideró que ignorar la voz de los pueblos originarios representa un retroceso en materia de pluralidad jurídica.
Estados como Oaxaca y el Estado de México ya han avanzado en la creación de instancias especializadas en justicia indígena, reconociendo la obligación constitucional e internacional de respetar los sistemas normativos propios de los pueblos originarios.
La intervención de la diputada rarámuri puso en el centro del debate si el Congreso legisla únicamente para cumplir con un trámite formal o para generar transformaciones reales en el acceso a la justicia de las comunidades históricamente excluidas.
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